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Qué bonito es el sistema penal chihuahuense: un universo paralelo donde los sentenciados por secuestro agravado consiguen audiencias de semilibertad, los magistrados se indignan públicamente… y luego resulta que el beneficiado es hermano de una magistrada del mismo Tribunal. ¡Ah, Chihuahua, tierra de la transparencia judicial y los milagros procesales!
Porque sí, estimado lector, esto no es un episodio de La Ley y el Orden: versión norteña, sino la vida real en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. A Edgar Hernán E. V. —sentenciado por un delito que debería mantenerlo tras las rejas sin derecho a pestañear frente a una celda— le concedieron el beneficio de semilibertad. ¿La razón? Pues el “buen comportamiento”, dicen. Quizá le tendió la cama al compañero de celda o repartió el pan con civismo ejemplar.
Pero la historia se pone mejor: la Primera Sala Penal tuvo que intervenir para anular semejante disparate jurídico. Claro, con el pequeño detalle de que el protagonista de esta tragicomedia es hermano de la magistrada Nancy Escárcega, una de las figuras del propio Tribunal. Qué coincidencia tan curiosa, ¿no? El mundo es un pañuelo… y el Poder Judicial, al parecer, un pañuelo bordado con apellidos de familia.
Y ahí están las instituciones, con su solemnidad de mármol, diciendo que todo se hará “conforme a derecho”. Sí, claro, el derecho familiar, porque el penal ya perdió sentido hace rato. En el discurso, se presume independencia; en la práctica, parece que la justicia se reparte en sobremesas.
Mientras tanto, la sociedad, las víctimas y los simples mortales que aún creen en el Estado de Derecho, miran atónitos cómo un sentenciado por secuestro casi sale por la puerta grande. Y todo dentro de un sistema que, cada vez más, parece funcionar con una regla muy simple: no importa el delito, importa el parentesco.
Lo más indignante es que después vendrán los comunicados oficiales, las declaraciones cuidadosas, los tecnicismos de toga y birrete para justificar lo injustificable. Y al final, el escándalo se diluirá entre expedientes, reposiciones y una nueva audiencia ante “otro juez”, como si cambiar de rostro limpiara el tufo del privilegio.
Así que aquí estamos, viendo cómo el TSJE intenta recomponer su credibilidad, mientras la gente ya lo tiene claro: la justicia en Chihuahua no es ciega… solo guiña el ojo cuando el apellido le suena familiar.
Porque si algo demuestra este caso, es que en los pasillos del poder judicial, la ley no siempre es pareja. A veces solo es de familia.
Octubre cerró con 39 personas abatidas en distintos enfrentamientos en todo el estado, una cifra que, aunque sigue siendo preocupante, representa una disminución de asesinatos a nivel estatal. Los hechos más graves se registraron en Guachochi, Moris y Chihuahua capital, donde las fuerzas de seguridad mantienen sus operativos. Sin embargo, el descenso en los índices de violencia no puede ni debe atribuirse únicamente a la estrategia policial en la capital, pues la reducción es un fenómeno estatal, no local.
Se espera que las próximas declaraciones de la Dirección de Seguridad Pública sean congruentes con la realidad de los números y no intenten adjudicarse un mérito exclusivo por una tendencia que responde a una baja generalizada en todo el territorio de Chihuahua. Las estrategias de patrullaje rural y en carreteras, según informó la SSP, continuarán reforzándose; pero si algo debe quedar claro, es que la seguridad no mejora por discursos, sino por resultados que beneficien a todo el estado, no solo al perímetro urbano de la capital.
