La corrupción que se normaliza dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a colocarse en el centro del debate, no como un hecho aislado, sino como una práctica cotidiana que parece operar sin consecuencias. Desde el interior de sus bodegas médicas, surgen señalamientos sobre un trabajador sindicalizado que presuntamente ha construido un esquema de cobros indebidos y abuso de funciones, en el que el dinero circula de forma discreta entre proveedores, intermediarios y personal interno. Lo grave no es solo el acto en sí, sino el impacto directo en el abasto de insumos, la calidad del servicio y, en última instancia, en la atención que reciben millones de derechohabientes.

El problema, sin embargo, va mucho más allá de una sola persona. Se habla de insumos que desaparecen, medicamentos ocultos para encubrir caducidades, procesos de compra alterados y una estructura que permite que estas prácticas se mantengan sin sanción. Aquí la clave no es únicamente quién ejecuta, sino quién permite. La corrupción en estos niveles no se sostiene por la habilidad individual, sino por una cadena de silencios que alcanza mandos medios y superiores. A esto se suma un entorno laboral deteriorado, donde trabajadores denuncian presiones, retrasos deliberados y tratos indignos. Cuando el miedo y el desgaste sustituyen a la vocación de servicio, el sistema completo se resquebraja, evidenciando que el mayor riesgo no es solo el desfalco, sino la pérdida de funcionalidad de una institución esencial para el país.

La voz del diputado panista Jorge Soto ha cobrado relevancia en medio de la tormenta política que envuelve a Morena. Desde hace tiempo, el legislador ha sido insistente en señalar lo que, a su juicio, ocurre dentro del partido en el poder, denunciando presuntos vínculos, omisiones y una forma de gobernar que —afirma— ha permitido el avance de intereses que afectan al país. Sus críticas no son nuevas, pero hoy encuentran eco en un contexto donde los señalamientos internacionales han puesto bajo la lupa a figuras cercanas al oficialismo.

Soto ha sostenido reiteradamente que Andrés Manuel López Obrador mantuvo alianzas que, según su narrativa, terminaron por impactar negativamente a la nación, acusando una falta de compromiso con las consecuencias sociales de esas decisiones. Además, en la actualidad, Rubén Rocha Moya ha sido vinculado políticamente como cercano a AMLO y como parte de ese mismo grupo, siendo señalado internacionalmente por presunta cercanía con estructuras delictivas.

En este escenario, el discurso del panista se refuerza con el argumento de que ahora es la presión internacional —particularmente desde Estados Unidos— la que ha comenzado a exhibir lo que, según él, durante años se intentó advertir. Para Soto, el hecho de que estas acusaciones hayan trascendido fronteras valida sus señalamientos y marca un punto de inflexión en la percepción pública. Así, el legislador se posiciona como una figura que, desde su trinchera, insiste en haber anticipado una crisis que hoy, asegura, ya no puede ocultarse.

El Municipio de Chihuahua lanzó una nueva convocatoria de obra pública bajo el esquema de licitación nacional presencial, con recursos del Presupuesto Participativo, prometiendo apego a la ley y contratos por precios unitarios y tiempo determinado. En el papel suena bien: participación ciudadana, reglas claras y proyectos definidos. En la calle, donde están los baches, la expectativa es más simple: que esta vez sí se note.

Porque no es la primera convocatoria, ni el primer anuncio, ni la primera vez que se asegura que ahora sí habrá mejoras en la pavimentación. La diferencia, si llega, se va a medir en concreto y no en documentos. Habrá que ver si este proceso logra traducirse en calles transitables o si se queda, como otras veces, en otro intento bien redactado que no alcanza a tapar ni un bache.
El IMEF relanzó su programa universitario con el objetivo de atraer a estudiantes de finanzas de instituciones como el Tec de Monterrey, La Salle, UANE y la UACh, buscando integrarlos al ámbito profesional y reducir la edad promedio del instituto, que actualmente ronda los 58-59 años.
La iniciativa plantea abrir espacio a nuevas generaciones, aunque queda por verse si el interés se traduce en participación real o si se mantiene como un intento más por acercar a los jóvenes a un sector que sigue siendo poco accesible.

Qué tiempos aquellos cuando, por convicción genuina o por mandato sindical, salían las y los docentes de Chihuahua en el marco del Día del Trabajo, a marchar por las principales calles de la capital acompañados por sus respectivos líderes magisteriales, quienes se vieron siempre arropados tanto por sus representados como por el poder público.

Este año, como desde hace varios, salieron los y las maestras a desfilar a la capital y aunque el ánimo no mermó, sí fue evidente la baja en la asistencia.

En el caso del sistema federalizado, las y los docentes estuvieron acompañados por su líder, Eduardo Zendejas Amparán, quien ha logrado consolidar su puesto y parece que dejará a un buen sucesor, en caso de concretarse este año las elecciones dentro del SNTE. A diferencia de sus antecesores, el profe Zendejas ha sido discreto pero no ausente, sale a declarar cuando así lo amerita y mantiene buen apoyo de sus representados.

En la otra cara de la moneda, está Manuel Quiroz Carbajal, de la sección 42, quien no solo ha sido discreto, sino rebajado a escurridizo, ausente y ha decepcionado a las y los docentes estatales, quienes le mostraron su respaldo en la primera elección dentro del magisterio, quedándose muy atrás de las promesas realizadas en campaña, pareciendo ajeno a la realidad que enfrenta el gremio y con el enorme riesgo de que, quien llegue después de él, no logre cobijar las irregularidades que todos saben pero nadie habla.