El intento de politizar la situación en la Universidad Autónoma de Chihuahua parece haberse desmoronado, ya que los esfuerzos por capitalizar políticamente a los estudiantes mediante el uso de amparos legales han sido descubiertos. Dos abogados, identificados estrechamente con Morena y Movimiento Ciudadano, han sido señalados por sectores dentro de la institución, quienes no tuvieron que buscar demasiado para encontrar evidencia en las redes sociales. Por un lado, el joven licenciado Dour, vinculado a Movimiento Ciudadano y aspirante a candidato en futuras elecciones, ha mostrado su conexión con figuras políticas de Morena, como el senador Rafael Espino. Por otro lado, el contador Luis Arrieta, que se ha presentado como abogado a pesar de no tener formación legal, ha sido relacionado con figuras de Morena y muestra su apoyo a Andrea Chávez en redes sociales, buscando ser suplente del diputado Óscar Castrejón.
En medio de estas relaciones políticas, surge la figura de Alexa Muñoz Cano, presidenta de la Sociedad de Alumnos de Contaduría, quien aparentemente está a favor de la gratuidad en la universidad pero también necesita recursos económicos para sus actividades. Su respaldo a Arrieta, quien ha vivido a costa de la Universidad, ha generado tensiones internas, especialmente en el contexto de la intervención de la directora Cristina Cabrera. Cabrera ha sido reconocida por mantener la paz y el funcionamiento eficiente de la Facultad de Contaduría y Administración, pero el conflicto entre la necesidad de recursos y la aparente politización de ciertos actores podría desafiar su capacidad para mantener la estabilidad en la institución.
La reciente decisión de asignar al Ejército mexicano la tarea de mantenimiento de carreteras federales ha generado un debate acalorado, con voces críticas provenientes de diversos sectores. Julio Mercado Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ha expresado su descontento, argumentando que el Ejército carece del conocimiento técnico y la experiencia necesaria para llevar a cabo estas obras de manera eficiente. La militarización de la infraestructura vial, especialmente con soldados desempeñando roles de albañiles, constructores y chalanes de obra, plantea interrogantes sobre la idoneidad de esta medida y sus implicaciones a largo plazo en términos de calidad y eficacia en el mantenimiento de las carreteras.
Además, la cancelación de los procesos licitatorios del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2024 por falta de recursos representa un desafío adicional para la infraestructura vial del país. Esta situación, según lo expresado por Mercado Rodríguez durante una reunión con la directora del Centro SICT Chihuahua, Cristina Imelda Guerra Villalobos, requerirá una colaboración estrecha entre el gobierno y el sector privado para encontrar soluciones viables. Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de explorar alternativas que permitan abordar la problemática de manera eficaz, resaltando la importancia de la creatividad y la solidaridad para superar los desafíos económicos y sociales que enfrenta la sociedad mexicana en materia de infraestructura.
