La cámara de la construcción, representada por la CMIC, ha desatado un importante debate debido a los retrasos en la emisión de documentos cruciales para sus miembros. A pesar de los esfuerzos recientes y la intensa actividad de la cámara de los constructores, encabezada por su titular, la obtención de la constancia de alta en la cámara o del conocido SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) está en un punto muerto. Este documento, fundamental para la operación de las empresas constructoras a nivel nacional, nunca había enfrentado problemas en su generación en años anteriores.
Sin embargo, actualmente, la situación ha alcanzado un punto crítico, y aunque se espera que este documento sea emitido anualmente, la falta de acción y la dilación en su entrega están causando incertidumbre entre los constructores, quienes aún no han recibido ni la constancia ni el engomado que valida su estatus legal. Según algunas fuentes, el problema se atribuye a la Secretaría de Economía, aunque como es habitual en la política, las culpas parecen desviarse hacia diferentes direcciones, tal como señalaría irónicamente el presidente.
La Fiscalía Anticorrupción del estado ha logrado un avance importante en su lucha contra la corrupción al conseguir que un Juez de Control vincule a proceso a Juan Pedro S.R.G., ex titular del Instituto Chihuahuense del Deporte durante la administración anterior. Este proceso se desencadenó debido a la acusación de peculado agravado en dos ocasiones, con un supuesto desfalco de más de medio millón de pesos al otorgar recursos públicos a una empresa de la cual era socio. El juez ha establecido un periodo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se espera que se recolecten más pruebas para proceder con la audiencia intermedia.
Mientras tanto, en otro frente, la Fiscalía aún no ha iniciado una investigación sobre la presunta compra irregular de uniformes para equipos de fútbol y los cheques que se destinaban a algunas asociaciones, donde se sospecha que se daban porcentajes a individuos relacionados. Aunque la denuncia inicial fue presentada por el diputado Omar Bazán durante su mandato en la Sexagésima Sexta Legislatura, la Fiscalía Anticorrupción ha mostrado un enfoque meticuloso en su investigación sobre el presunto desfalco de recursos públicos, destacando su compromiso con el debido proceso, la presunción de inocencia y los Derechos Humanos en todas sus acciones.
La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua ha emitido una clara advertencia a los residentes y propietarios de negocios: las sanciones por perturbar la paz con ruido excesivo podrían ser sustanciales, llegando a más de cinco mil 400 pesos, según la gravedad de la infracción. En lo que va del año, se han registrado 15 casos y denuncias por disturbios sonoros en diversas áreas residenciales y comerciales, lo que ha llevado a la aplicación de multas que se reflejan directamente en los recibos del Impuesto Predial.
Es esencial que los ciudadanos tomen conciencia de sus responsabilidades y respeten las regulaciones establecidas en el Reglamento de Justicia Cívica del municipio para evitar conflictos vecinales innecesarios. La convivencia pacífica y el respeto mutuo son fundamentales para una sociedad armoniosa, especialmente en momentos en que el ruido excesivo afecta negativamente la calidad de vida de grupos vulnerables como abuelitos y bebés. En este sentido, la subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM, Liliana Armendáriz, insta a la comunidad a actuar con civismo y a aprovechar las vías de mediación disponibles para resolver cualquier disputa de manera amigable.
Recordemos que la paz y la tranquilidad son derechos de todos, y es responsabilidad de cada individuo contribuir a su preservación. Que esta advertencia se aplique, y no se quede solo en el papel.