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Hay campañas que prenden. Otras que pasan sin pena ni gloria. Y luego está la de la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, que logró algo verdaderamente extraordinario: conquistar, con eficacia quirúrgica, los cestos de basura del Centro de Chihuahua.
Porque sí, mientras su equipo reparte periódicos con un cabezal que prácticamente la corona como próxima gobernadora —así, sin escalas, sin tiempos y sin rubor—, los ciudadanos han respondido con una claridad envidiable: del “gracias” automático al bote más cercano. Democracia directa, sin encuestas.
La escena es digna de estudio. Jóvenes, adultos, comerciantes, peatones apurados… todos coinciden en el mismo gesto casi coreografiado: reciben el impreso, avanzan unos pasos y lo sueltan como quien se quita un volante incómodo. No hay debate, no hay curiosidad, no hay siquiera enojo prolongado. Hay, simple y llanamente, desinterés.
Y es que, seamos francos, querer venderse como gobernadora cuando ni siquiera han arrancado los tiempos formales es como llegar a una boda sin invitación… y además querer sentarse en la mesa principal. El problema no es solo la prisa, sino el tono: uno que muchos han percibido como soberbio, desconectado y, para colmo, acompañado de comentarios que no han caído nada bien entre los chihuahuenses de la capital.
Porque la memoria es corta, pero no tanto. Cuando a eso se le suman declaraciones que han sido calificadas como despectivas hacia la propia gente a la que ahora se busca convencer, el resultado no debería sorprender a nadie. Si algo ha quedado claro en las calles, es que la simpatía no se impone a punta de papel.
Lo más irónico es que la estrategia, pensada para posicionar, ha terminado exhibiendo justo lo contrario: una desconexión evidente con el pulso ciudadano. En lugar de construir cercanía, los periódicos se convierten en residuos; en lugar de generar conversación, provocan indiferencia.
Quizá alguien en su equipo debería darse una vuelta —sin cámaras ni comitiva— por el Centro, observar el destino final de esos impresos y tomar nota. Porque si la meta era medir el ánimo social, vaya que lo están logrando… aunque no precisamente como esperaban.
Al final, la política tiene estas lecciones incómodas: cuando la soberbia habla más fuerte que la realidad, la respuesta suele ser silenciosa… pero contundente. Y en este caso, viene acompañada del sonido seco de un papel cayendo en la basura.
En medio de la tormenta que sacudió a Chihuahua tras los recientes hechos en la sierra, marcados por la muerte de agentes vinculados a la DEA, la actuación de César Jáuregui no pasó desapercibida. Lejos de aferrarse al cargo en medio de la presión política y mediática, el entonces fiscal optó por dar un paso al frente —no hacia la confrontación, sino hacia la responsabilidad— al presentar su renuncia. Su decisión, entregada y recibida en el despacho de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, se inscribe más en el terreno de la autocrítica institucional que en el de la evasión, en un gesto poco común dentro del servicio público.
Jáuregui reconoció sin rodeos que la información inicial sobre la presencia de personas que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros resultó inconsistente, además de admitir omisiones en los mecanismos de control y comunicación. No intentó matizar la falla: asumió la responsabilidad política al señalar que dichas omisiones vulneraron obligaciones inherentes a su encargo. En tiempos donde la negación suele ser la primera reacción, su postura contrasta por su claridad. Su renuncia no se lee como un acto de debilidad, sino como la consecuencia lógica de un funcionario que entiende el peso de sus decisiones y el alcance de sus errores.
Incluso al hacer balance de su gestión —en la que destacó la destrucción de uno de los narcolaboratorios más grandes del país— dejó claro que ningún logro justifica desviarse del marco legal ni relajar los protocolos de colaboración internacional. Su salida, explicó, busca facilitar investigaciones autónomas y contribuir a recuperar la confianza pública. Así, más que un cierre abrupto, su dimisión se perfila como un precedente: el de un servidor público que, ante la gravedad de los hechos, eligió responder con rectitud y al nivel de lo que la situación exigía.