Chihuahua enfrenta una contradicción que merece ponerse sobre la mesa. Mientras desde el ámbito educativo y cultural se realizan esfuerzos importantes para formar mejores ciudadanos, fortalecer los valores y acercar a la sociedad al conocimiento, la Secretaría de Cultura impulsa actividades y apuesta por espacios como la Feria del Libro, donde se busca despertar el interés por la lectura, el pensamiento crítico y la sensibilidad social. Es una labor que requiere recursos, tiempo y compromiso, porque construir una sociedad más preparada no se logra de un día para otro. Sin embargo, todo ese trabajo parece entrar en conflicto cuando, en otros escenarios, se normalizan mensajes que glorifican la violencia y hacen apología del delito.

Lo ocurrido en el Palenque de la Expogan es un ejemplo de esa contradicción. Los Tucanes de Tijuana, el viernes 23 de octubre, interpretaron El Águila Blanca, mientras que Marca Registrada, el sábado 24, cantó Si Fuera Fácil. Pero más allá de las canciones, lo que llamó la atención fue la frase del vocalista de Marca Registrada antes de comenzar: “Muchachos, que valga la pena la multa”. La expresión retrata el riesgo de convertir una disposición legal en un simple costo de operación: se paga la sanción y el espectáculo continúa. Si el mensaje es que basta con tener dinero para incumplir las reglas, entonces la discusión ya no se limita a la música, sino que alcanza el respeto a la autoridad y la responsabilidad de quienes organizan estos eventos.

Ahí está el verdadero dilema para Chihuahua: ¿de qué sirve invertir en educación, cultura y promoción de la lectura si, por otro lado, se transmite la idea de que las leyes pueden ignorarse cuando hay suficiente dinero para pagar las consecuencias? No se trata de enfrentar a la cultura con el entretenimiento ni de convertir una canción en el único responsable de los problemas de violencia, sino de exigir congruencia entre el discurso público y lo que ocurre en la práctica. Formar mejores ciudadanos implica enseñar que las normas se respetan, que la violencia no debe convertirse en motivo de admiración y que ninguna actividad comercial está por encima del interés colectivo. Porque si la multa termina siendo parte del presupuesto del espectáculo, la ley deja de sentirse como un límite y corre el riesgo de convertirse, simplemente, en el precio de hacer lo que está prohibido.

Este domingo por la madrugada ocurrió algo que debería sacudir la conciencia de cualquiera, aunque en Chihuahua pareciera que una muerte más termina perdiéndose entre la rutina y la indiferencia. Una persona llegó al Hospital General alrededor de la una de la mañana, por su propio pie, con el rostro desfigurado por la golpiza que había recibido y en busca de ayuda. No llegó en una ambulancia ni alguien tuvo que llevarla cargando: llegó como pudo, con las lesiones a la vista, esperando encontrar atención médica. Sin embargo, de acuerdo con la versión de los hechos, nadie la atendió y ni siquiera los guardias le habrían prestado la atención necesaria para canalizarla. Pasaron las horas y, cerca de las ocho de la mañana, esa persona perdió la vida. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede alguien llegar a un hospital público a pedir auxilio y terminar muriendo sin haber recibido la atención que necesitaba?

Lo más preocupante es que, mientras el Hospital General suele recibir a numerosas personas que buscan atención médica, este caso deja una duda dolorosa sobre los protocolos de ingreso, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante una emergencia evidente. La persona llegó severamente golpeada, con el rostro irreconocible, y aun así, según lo señalado, su condición no fue suficiente para que alguien interviniera a tiempo. Después de la muerte, llegó el Ministerio Público, revisó videos y llamó a los guardias para leerles la cartilla. Pero aquí no se trata solamente de revisar grabaciones o llamar la atención al personal cuando el desenlace ya es irreversible; se trata de saber quién tenía la responsabilidad de actuar, por qué no se habría brindado ayuda y si existieron omisiones que deben investigarse. Eso tendrá que esclarecerse con evidencias y una investigación seria.

Al final, queda la sensación amarga de que todo puede terminar en un expediente más, una revisión de cámaras y el olvido. Independientemente de quién era esa persona, de dónde venía o de lo que hubiera hecho antes de llegar al hospital, estaba ahí pidiendo auxilio. Las circunstancias de la golpiza deberán investigarse, pero ninguna de ellas elimina la obligación de esclarecer por qué no recibió atención. Un hospital público debe ser un lugar donde la urgencia médica se valore por la condición del paciente, no un sitio donde alguien pueda pasar horas sin que nadie se haga cargo. Si se confirma que hubo omisiones, deben existir consecuencias y medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Porque lo verdaderamente grave no es solamente que una persona haya muerto, sino que pudo haber llegado buscando una oportunidad para sobrevivir y hoy la sociedad tenga que preguntarse si alguien hizo lo necesario para ayudarla.

Asociaciones civiles exigieron al Fiscal General del Estado que revise las incapacidades médicas otorgadas a Jacqueline Rodríguez Aguirre, comandante de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Según el pronunciamiento, la funcionaria acumula alrededor de tres meses de licencia por un supuesto riesgo de trabajo. El problema es que, durante ese periodo, habría sido captada bailando y bebiendo en el desfile inaugural de la ExpoGan 2026.

El material audiovisual, que las organizaciones piden verificar, la mostraría en un ambiente festivo, sobre una traila, con banda y bebidas. No se trata de un juicio anticipado, aclaran. Se trata de transparencia: si una servidoría pública está incapacitada por un accidente laboral, ¿qué tan compatible es aparecer en un evento masivo bailando y consumiendo alcohol?

Las asociaciones solicitan que se confirme la autenticidad de las imágenes, se revise la justificación médica de las licencias y, de ser necesario, se dé vista al sector salud y al órgano interno de control para indagar al médico que las autorizó. El objetivo declarado es transparentar el uso de los mecanismos de protección laboral en las corporaciones de seguridad.

La FEM investiga delitos contra la libertad y seguridad sexual. Es un área sensible, donde la credibilidad institucional importa. Cuando una mando aparece en redes disfrutando de un festejo mientras está oficialmente incapacitada, la percepción pública se resiente. No es solo un tema de imagen: es un tema de recursos públicos, de privilegios aparentes y de si las reglas se aplican por igual.