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La jornada de antier en la terminal norte del Bowí estuvo marcada por un paro laboral que, aunque fue anunciado desde temprano por los choferes, fue minimizado por el secretario general, quien atribuyó el conflicto a cambios unilaterales del IMSS; sin embargo, la protesta se concretó con alrededor de 60 trabajadores que bloquearon la entrada con las propias unidades, evidenciando que las quejas iban más allá de los descuentos en las cuotas del Seguro Social.

Los inconformes denunciaron jornadas extenuantes de hasta siete días consecutivos, con descansos acomodados que generaban semanas de nueve días laborales, además de descuentos cercanos a los 500 pesos en sus nóminas. La suspensión del servicio afectó a cientos de usuarios del transporte público, obligando a reajustar las rutas alimentadoras que no pudieron ingresar a la terminal.

Luego de varias horas, el servicio se reanudó y las autoridades acordaron abrir una mesa de diálogo para atender las demandas; no obstante, persiste la incertidumbre sobre posibles despidos como represalia. Lo ocurrido debe ser un llamado de atención para que el gobierno estatal atienda los problemas estructurales del transporte público, que sigue siendo uno de los principales desafíos de movilidad en la ciudad.

Mientras algunos esperaban que la rueda de prensa anunciada por los regidores de Morena, Miguel Riggs, Hugo González y Elena Rojo fuera para responder a los señalamientos del PAN sobre la polémica reforma electoral o para abordar el cada vez más deteriorado servicio de transporte público en Chihuahua, en los pasillos de la política local comenzó a circular una versión distinta: que el verdadero tema sería la eventual solicitud de licencia de Riggs para buscar nuevos horizontes electorales.

Y es que cuando un político convoca a una conferencia «importante», pocas veces se trata de hablar de los problemas de los ciudadanos. Lo verdaderamente importante suele estar relacionado con las aspiraciones personales. Desde hace semanas han comenzado los rumores sobre el futuro político de Miguel Riggs. Algunos lo colocan en la ruta hacia una diputación local, pero otros aseguran que la apuesta podría ser mucho más ambiciosa y que su mirada estaría puesta en la candidatura a la alcaldía de Chihuahua.

La pregunta obligada es si le alcanza. Porque una cosa es querer y otra muy distinta es poder. Nadie duda que Riggs tiene capacidad para financiar una campaña competitiva y mantener presencia pública. En la política moderna el dinero no garantiza triunfos, pero ciertamente ayuda a que nadie se quede sin espectaculares, gasolina o estructura territorial. El asunto es si existe una base ciudadana sólida que respalde una eventual candidatura o si su proyecto depende más de los recursos disponibles que del entusiasmo de los votantes.

Y luego está el factor interno. Si Morena ya tiene figuras posicionadas rumbo al 2027, como Brenda Ríos, una eventual aspiración de Riggs inevitablemente abriría interrogantes dentro del partido. ¿Se trata de una competencia legítima por una candidatura o de una disputa que podría fracturar grupos y liderazgos? Porque en política las traiciones casi nunca se anuncian como traiciones; suelen presentarse como ejercicios democráticos, proyectos de unidad o simples coincidencias del destino.

Por lo pronto, todo sigue siendo especulación. Lo único cierto es que los regidores morenistas prometieron un anuncio relevante para este viernes. Si resulta ser una licencia de Miguel Riggs, más que una conferencia de prensa será el disparo de salida para una carrera política que apenas comienza. Y entonces sí, Morena tendrá que responder una pregunta mucho más complicada que cualquier reforma electoral: quién quiere gobernar Chihuahua y quién realmente tiene con qué hacerlo.

Cada vez es más frecuente que las autoridades conozcan de un hecho violento porque la víctima llega por sus propios medios a un hospital y no porque exista una reacción oportuna de las corporaciones de seguridad. El caso del hombre que arribó baleado al Hospital General, tras ser atacado al sur de la ciudad, vuelve a exhibir una realidad preocupante: los delincuentes actúan, las víctimas sobreviven como pueden y la autoridad comienza a investigar cuando los disparos ya quedaron atrás. La violencia parece avanzar un paso adelante de quienes tienen la obligación de prevenirla, mientras los operativos llegan únicamente para acordonar, recabar evidencias y abrir una carpeta de investigación.

Lo verdaderamente inquietante no es solamente un ataque más, sino la normalización con la que estos hechos comienzan a formar parte del día a día. Cuando un ciudadano herido de bala encuentra más rápido un hospital que una patrulla, el mensaje es contundente. La estrategia de seguridad no puede medirse únicamente por conferencias o estadísticas, sino por la capacidad de evitar que estos atentados ocurran. Porque mientras las investigaciones siguen su curso, la percepción entre la ciudadanía es que la violencia continúa marcando el ritmo y que la autoridad, una vez más, llega después de los hechos.