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La controversia que envuelve al ex subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Luis Roberto Terrazas Fraga —conocido en los círculos locales como “el Tomatito”—, ha vuelto a exponer las fricciones entre el gobierno municipal y la oposición morenista. El funcionario generó indignación al publicar comentarios ofensivos y misóginos en redes sociales en respuesta al anuncio de embarazo de la senadora Andrea Chávez Treviño, con expresiones que atacaban su vida personal de forma despectiva. Ante el escándalo, el alcalde Marco Antonio Bonilla lo calificó como una “muy mala acción” incompatible con el servicio público, condenó cualquier forma de irrespeto hacia las mujeres —independientemente de sus posturas políticas— y dispuso que el Órgano Interno de Control (OIC) abriera una investigación de oficio. El comisario Julio César Salas respaldó la medida con énfasis en cero tolerancia a la violencia de género, lo que derivó en la separación temporal del cargo mientras se resuelve el procedimiento.

No obstante, en los corrillos de la DSPM y entre voces internas circula un panorama más cínico y previsible: la suspensión es solo temporal para que el asunto “se enfríe”, a la espera de que el OIC concluya su análisis —quizá con una sanción simbólica o un archivo discreto—. Al estilo de episodios pasados con otros servidores que incurrieron en faltas parecidas (como Komaba, recompensado después con vialidad, o Orlando Villalobos en Deportes, sin mayores consecuencias), pocos creen que Terrazas termine sin puesto ni sueldo. Lo más probable es que, una vez calmado el ruido mediático, lo reubiquen en otra dependencia o lo regresen al mismo rol con las mismas percepciones, confirmando el clásico blindaje a “los de adentro” cuando el blanco es una política de otro partido. En cambio, ataques mucho más duros contra figuras masculinas como Noroña suelen pasar sin eco. Mañana podría haber novedades, pero el historial apunta a impunidad selectiva de siempre.

En la política chihuahuense no se desperdicia nada. Ni las tragedias, ni los escándalos, ni los tomates. Todo se recicla en forma de narrativa heroica, mártires exprés y villanos de temporada. Y si no hay, se fabrican. Como si fuera piñata de kermés electoral.

El reciente numerito protagonizado por Andrea Chávez y el célebre “Tomatito” no fue la excepción. Un episodio que, en teoría, debería abrir una conversación seria sobre los comentarios misóginos en la política, terminó convertido en la nueva temporada de La Rosa de Guadalupe: Edición Chihuahua. Lágrimas estratégicas, comunicados con olor a incienso y un martirologio improvisado para rescatar una popularidad que ya venía en picada.

Porque seamos honestos: la senadora llevaba rato buscando un segundo aire. Su personaje de mujer fuerte y decidida ya no levantaba ni el polvo del desierto. Pero ¡oh milagro! Apareció el oportunísimo antagonista: Luis Terrazas Fraga, maestro del comentario torpe y del “yo solo decía”. Con su ya conocida falta de sutileza, no logró tumbar a Chávez, pero sí regalarle el papel de víctima que en Morena andaban buscando como guión de telenovela de las 7.

Y entonces vino el coro celestial guinda: “¡Ataque misógino!”, “¡Violencia política de género!”, “¡No pasarán!”. Gritos al cielo, comunicados solemnes y fotos de indignación perfectamente iluminadas. Todo muy orgánico, muy espontáneo, muy conveniente.

Lo curioso es que la memoria en la grilla dura menos que un tomate en el sol. Porque cuando a Olivia Franco la insultaron en su cara, el silencio fue más ruidoso que una matraca en mitin. En aquel episodio, el agresor fue Miguel Riggs, quien, dicho sea de paso, no necesita que nadie lo queme en redes: él solito se prende fuego con sus declaraciones.

Ahí no hubo martirio, ni altares mediáticos, ni conferencias con tono de “hoy nos ofendieron a todas”. Ahí lo que se armó fue la clásica grilla contra Riggs, como si el problema fuera el personaje y no el fondo del asunto. La violencia política de género, al parecer, se mide por encuestas: si suma puntos, se denuncia; si no, se archiva en la carpeta de “incómodos pero no rentables”.

El detalle no se le fue al alcalde Marco Bonilla, quien con diplomacia de político curtido soltó la pregunta incómoda: ¿por qué en un caso Morena rasgó vestiduras y en el otro se quedó tan calladito como alumno que no hizo la tarea? Pregunta legítima, aunque también con su propio colmillo político, porque aquí nadie se sube al ring solo por amor al debate público.

Al final, el “Tomatito” no fue el villano, ni el héroe, ni siquiera el protagonista. Fue el pretexto perfecto. Un objeto volador no identificado que terminó estrellándose contra el oportunismo de todos. Porque en Chihuahua, la misoginia no se combate: se administra según la conveniencia electoral. Y la indignación, como los tomates, se usa para embarrar al rival… o para hacerse jugo cuando las encuestas no dan.

Moraleja: en la política local no hay víctimas puras ni villanos desinteresados. Hay narrativas de temporada. Y esta, por ahora, ya se está echando a perder

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Chihuahua nunca decepciona cuando de sacar beneficio político de todo y de nada se trata. Ahora resulta que tras el furor del episodio entre Andrea Chávez y el famoso “Tomatito”, no sólo llovieron memes, proclamas y mensajes de solidaridad partidista, sino que los legisladores locales se dieron prisa para proponer lo que ya bautizaron con el apelativo más emotivo del año: la Ley Andrea.
Sí, como si la política fuera una tienda donde nombras la ley con el producto estrella de la semana, y ¡zas!, problema resuelto.

La idea, según emanados de Morena en el Congreso local, es sancionar la violencia política de género y los discursos de odio, idea noble sobre el papel, pero que esta vez parece hecha a la medida de un episodio de telenovela: si te atrevías a dejar un comentario o darle “like” a lo dicho por el “Tomatito”, ¡erguíos, culpables todos! Porque según algunos voceros de la propuesta, cualquier reacción en redes podría interpretarse como complicidad y, por ende… persecución estatal.

¿Esto es legislación con perspectiva de género? ¿O es nuevo y mejorado sistema de control de opiniones que ofenden al partido? Esa línea, por supuesto, es tan difusa como las excusas políticas que hemos escuchado a lo largo de los años. Porque si el objetivo real fuera proteger a mujeres que han sufrido violencia de verdad —mujeres que han enfrentado sus peores días, no sólo un comentario grosero en Twitter—, habríamos visto avances muchísimo más significativos en temas como la violencia vicaria y la sanción efectiva de agresores reales.

No olvidemos que en Chihuahua, por años, colectivos y activistas han peleado para tipificar y sancionar formas claras de violencia contra las mujeres que sí dejan cicatrices profundas, no simples chistes en redes sociales. Pero mientras ese debate sigue, la Ley Andrea se perfila como iniciativa donde la jerarquía de agravios parece medirse más por la capacidad de generar una campaña mediática que por el impacto social auténtico.

Y mientras unos legislan “cero tolerancia” contra comentarios en redes que “podrían ofender”, otros casos de violencia real ni siquiera alcanzan titulares. Preguntar por qué hay tal disparidad de criterios sería demasiado sensato para este contexto. Aquí la libertad de expresión tiene tantos candados como likes polémicos se acumulen en publicaciones incómodas para ciertos grupos.

Al final, Chihuahua parece estar inventando nuevas formas de jurisdicción: desde condenar a quien opina hasta proponer leyes bautizadas como marca de ocurrencia política. Y todo, claro está, en nombre de la protección de las mujeres —pero seleccionando cuidadosamente qué mujeres importan y qué tipo de violencia merece verse legislada primero.

Porque si algo nos ha enseñado este episodio es que en Chihuahua la política se parece cada vez más a un teatro de marionetas, donde los hilos no son la justicia ni la igualdad, sino la oportunidad de montar el siguiente espectáculo ante cámaras.