La liberación de los Lebarones secuestrados en el estado se percibe innegablemente como un éxito y un notable logro gubernamental. La presión social y la manifestación pública de la comunidad Lebaron desempeñaron un papel crucial al ser escuchadas, generando repercusiones en el ámbito gubernamental. Este hecho condujo a la liberación de los afectados, marcando un hito significativo. Sin embargo, esta victoria no abarca la totalidad de los desafíos que enfrenta el estado.
A pesar de los avances visibles, aún queda por resolver el caso de Alejandro D., un joven desaparecido. Aunque se han realizado detenciones en relación con este último delito, la incertidumbre persiste sobre su paradero. La figura conocida como «el chinito» entre sus allegados sigue sin ser localizada o rescatada, lo cual destaca la necesidad de una respuesta clara por parte de las autoridades. Asimismo, otro caso que no ha recibido el mismo énfasis y atención que los mencionados anteriormente es la desaparición de Evelyn Araiza, una joven que desapareció en Bocoyna hace seis días. Surge la pregunta sobre si la voz de su familia requiere un nivel económico elevado para ser escuchada.
En resumen, mientras se celebran los éxitos alcanzados, persisten desafíos pendientes que demandan una atención equitativa por parte de las autoridades y la sociedad en general.
Ante la reciente situación que involucró el secuestro de cuatro miembros de la comunidad LeBarón, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, destacó la necesidad de mantener la presión y la voz activas en busca de soluciones. La jornada incluyó una caravana y manifestación, resaltando la omisión del gobierno federal, según remarcó la gobernadora del estado de Chihuahua. De la Peña enfatizó la colaboración con la Fiscalía General de la República, pero señaló que aún hay muchos vacíos en la estrategia de seguridad federal planteada al inicio del sexenio, instando a que la federación refuerce y asuma responsabilidad en asuntos de su competencia.
El secretario general consideró crucial evitar politizar la situación, particularmente ante las declaraciones de actores políticos de Morena. Subrayó que lo prioritario es la seguridad de los chihuahuenses y abogó por no convertir el tema en un debate político. Enfatizó la respuesta rápida y coordinada del equipo de gobierno de la gobernadora Campos, con la participación activa de la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría General de Gobierno, todos bajo la directriz de la gobernadora, atendiendo a las víctimas y abordando los problemas planteados. De la Peña expresó la expectativa de que el gobierno federal siga este ejemplo y consideró inapropiado politizar la situación desde el ámbito legislativo.
La atención se centró en el Palacio de Gobierno tras dos reuniones del secretario Santiago de la Peña con líderes sindicales del magisterio. Estas reuniones, llevadas a cabo por separado, destacaron la presencia del dirigente de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz, quien discutió asuntos del magisterio del subsistema estatal. Además, la dirigente del Sindicato Académico del Conalep, Silvia Macías Loya, se reunió con De la Peña Grajeda para abordar asuntos relacionados con la política estatal y las dinámicas internas del gremio.
Sin embargo, la ausencia notable fue la del director general del Conalep, Eloy García. Más tarde, se confirmó que en la próxima agenda se incluirá al secretario general de la Sección Octava del SNTE, Eduardo Zendejas, encargado de representar a los maestros federales. Aunque no se proporcionaron detalles sobre los motivos de estos encuentros, que fueron intensos meses atrás durante el conflicto por los libros de texto, se especula que en un año electoral, estos acercamientos podrían tener un trasfondo político más que problemas graves.
Estos encuentros reflejan un ambiente político activo en el contexto electoral, donde las relaciones entre el gobierno y los sindicatos del magisterio adquieren una relevancia especial. La presencia de diversos líderes sindicales en el Palacio de Gobierno sugiere un intento de establecer nuevas dinámicas y resolver posibles tensiones en un año crucial para el estado.
Padres de familia del Instituto Hamilton, situado en la prolongación de la Avenida Teófilo Borunda, expresaron su descontento y frustración hacia los directivos del colegio. Argumentan que han manifestado repetidamente su preocupación a la directora del plantel, que cuenta con alrededor de 250 alumnos de primaria, debido a las deficientes condiciones de los baños. Con solo dos tazas de baño y un mingitorio para hombres, de los cuales dos están descompuestos, y dos tazas descompuestas en el baño de mujeres, los estudiantes se ven obligados a utilizar los baños de la secundaria anexa, lo que resulta en sanciones por parte de los docentes. Además, se señala la carencia de papel higiénico. Esta problemática persiste desde hace semanas sin que se haya ofrecido una solución, a pesar de las cuotas obligatorias que los padres pagan según las indicaciones de la directiva.
A pesar de los intentos de diálogo con la directora, las peticiones de los padres de familia no han sido atendidas, lo que los llevó a hacer pública esta situación a través de los medios de comunicación. Esperan que sus reclamos sean escuchados y abordados en beneficio del bienestar de sus hijos. La falta de respuesta por parte de la dirección del instituto ha llevado a los padres a buscar visibilidad externa para presionar por una solución urgente a la precaria situación de los baños escolares.
La iniciativa de los padres de familia de hacer eco de sus preocupaciones en los medios de comunicación destaca la importancia de la participación activa de la comunidad escolar en la garantía de condiciones adecuadas para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. La falta de respuesta y acción por parte de la dirección del instituto subraya la necesidad de una respuesta urgente y efectiva para abordar las deficiencias en las instalaciones escolares.