Cuauhtémoc Estrada desestima las acusaciones de que el INEGI esté politizando el tema de la encuesta de corrupción en pleno contexto electoral, argumentando que esto sería una afrenta al esfuerzo de miles de personas dentro del organismo. Estas afirmaciones surgen tras el reciente reporte del INEGI, liderado por Graciela Márquez, exsecretaria de Economía del gobierno de AMLO, que sitúa a Chihuahua como la entidad más corrupta del país, seguida por Baja California Sur y Guerrero. En contraparte, surge el cuestionamiento sobre la objetividad de la medición de México Elige, donde se muestra un desempeño desfavorable para el presidente y un gobierno de Chihuahua que se coloca como el tercero mejor aprobado, superando incluso a figuras de Morena como Delfina Gómez y Martí Batres.
Mientras tanto, las cifras de México Elige revelan una preocupante percepción ciudadana en cuanto al control del país por parte del crimen organizado, financiamiento ilegal de campañas presidenciales y un aumento en la corrupción bajo la administración actual. Estos resultados generan interrogantes sobre la efectividad del Sistema Anticorrupción en Chihuahua, la política estatal anticorrupción, así como la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción. A pesar de los cuestionamientos, algunas voces sugieren que estas polémicas podrían ser utilizadas para impulsar la desaparición del INEGI, aunque por ahora, pareciera que se anota un punto a favor de la transparencia y el escrutinio público.
Mientras las miradas se centran en las movidas del exgobernador Javier Corral, otro actor relevante emerge en la escena: Otto Valles, actual candidato de la 4T a la alcaldía de Parral. Valles tenía previsto acudir al Congreso del Estado para presionar a la Comisión Jurisdiccional, encabezada por el panista Gabriel García Cantú, en relación con la demanda de juicio político contra Corral por su doble nacionalidad. Sin embargo, los rumores indican que desde los altos mandos de Morena se ha emitido una orden para que Valles modere sus acciones contra su compañero de movimiento, ya que las acusaciones pendientes contra Corral podrían generar un revuelo mediático indeseado en su aspiración por un escaño como senador «pluri» por Morena, tanto en el ámbito local como ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque Corral ahora se encuentra bajo el manto de Morena, los señalamientos por su doble nacionalidad podrían plantear desafíos significativos en su trayectoria política.
Lo que se desarrolla en torno a Hugo Ruiz, exmiembro de la Delegación del Bienestar, quien levantó la voz contra presuntos desvíos de recursos y corrupción en el sistema de pensiones a adultos mayores en varias localidades. Sin embargo, su incursión en el Partido del Trabajo (PT) como candidato a diputado local por el Distrito 18 dio un vuelco inesperado cuando le solicitaron apoyar a los aspirantes al Senado por Morena, Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, a quienes Ruiz había denunciado anteriormente. Ante esta evidente contradicción, Ruiz optó por renunciar a su candidatura por cuestiones de coherencia, evidenciando la torpeza de los petistas al intentar silenciarlo mientras no tienen ninguna alianza formal con Morena y el PVEM en su distrito.
Mientras Ruiz se desliga de la contienda política para enfocarse en su batalla legal, las autoridades federales intensifican sus investigaciones, buscando testimonios tanto de empleados actuales como exmiembros del Bienestar en Chihuahua, así como de los afectados por los supuestos actos de corrupción, en un intento por integrar más evidencia a la ya abultada carpeta de investigación que Ruiz ha contribuido a nutrir con cientos de documentos.
El alcalde Marco Bonilla emite una recomendación urgente a la ciudadanía: en caso de presenciar una riña, la acción más adecuada es reportar de inmediato al servicio de emergencias 9-1-1 para que la policía intervenga y medie en la situación. Además, Bonilla enfatiza en la importancia de interponer denuncias ante las autoridades pertinentes, como la Fiscalía General del Estado, para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que pueda desencadenar consecuencias legales o incluso económicas para los responsables. Los últimos días han sido testigos de diversos incidentes, desde peleas en plena vía pública hasta enfrentamientos en mercados locales, poniendo en peligro no solo a los participantes, sino también a los transeúntes y automovilistas que se ven afectados por la interrupción del tráfico en las principales arterias de la ciudad.
Las imágenes de estos conflictos, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran escenas de violencia que van desde peleas entre hombres hasta enfrentamientos entre mujeres, e incluso la intervención de una niña para separar a dos personas. Estos incidentes, más allá de ser meras confrontaciones, representan un problema social que merece un análisis detenido sobre sus causas y las posibles medidas preventivas a implementar para evitar su repetición en el futuro.
Pero, todo esto es fácil de descifrar, es el hartazgo social, esto es un problema generalizado, esto va más allá de un conflicto víal es parte de lo que se vive en el mundo, se tendrán que hacer programas de conciencia social.