En un intento por reavivar la llama de apoyo hacia el controvertido ex gobernador César Duarte Jáquez, más de cien personas emprendieron hoy una marcha desde Parral hacia la capital de Chihuahua. Sin embargo, este acto parece más un despliegue simbólico que una acción capaz de alterar el curso de la situación judicial del ex mandatario. Encabezados por José Idelfonso Caro, una figura vinculada a la política local, los manifestantes cargaron consigo pancartas adornadas con el eslogan político «Chihuahua Vive», reminiscente de la gestión de Duarte Jáquez. A pesar de sus demandas, centradas en solicitar prisión domiciliaria para el ex gobernador alegando razones de salud, la realidad se impone: las leyes no se doblegan ante la presión de un grupo reducido de manifestantes.
La marcha, planeada para tener lugar en la Ciudad Judicial de Chihuahua, tiene como objetivo expresar su disconformidad ante la presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández. Sin embargo, la llegada de tres autobuses cargados de participantes parece más una demostración de solidaridad efímera que un cambio sustancial en la situación legal de Duarte. Más allá de la entrega de un documento que detalla presuntas violaciones a los derechos humanos del ex mandatario, queda patente que la realidad judicial es ajena a los deseos de este reducido grupo. En última instancia, la marcha parece ser más una declaración de lealtad política que un instrumento de influencia efectiva en el complejo entramado legal que envuelve a César Duarte Jáquez.
En una muestra más de la ineficacia de infraestructura, el estacionamiento en construcción de la fiscalía general del estado yace en obra negra, sin avances significativos, desde hace más de medio año. Esta infraestructura, inicialmente vista con esperanza como una oportunidad para poner fin al caos vial generado por la negligencia de los propios elementos de seguridad, ahora se convierte en un símbolo de la incapacidad de las construcciones desarrolladas para autoridades y cumplir incluso con proyectos básicos de ordenamiento urbano. Mientras se especula sobre las razones detrás de esta parálisis, ya sea por falta de fondos o simplemente por una gestión fragmentada del proyecto, la ciudadanía espera con frustración que la fiscalía cumpla con su deber y finalice esta obra tan esperada, no solo como un estacionamiento, sino como un símbolo de autoridad que ha sido esquivo durante más de una década.
El pasado fin de semana, la prioridad de las autoridades parecía desviarse hacia los eventos populares, como el de los «prófugos de anexo», relegando la atención y recursos que deberían destinarse a la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Mientras todas las ambulancias, sus equipos y rescatistas se congregaban en este evento masivo, un incidente en el Cerro Colorado dejaba en evidencia la falta de atención a situaciones de emergencia fuera del ámbito de la diversión pública, mientras que el del Cerro era una actividad sana. Fue el honorable cuerpo de bomberos del Complejo Industrial Las Américas quien, pese a no ser su responsabilidad primordial, acudió valientemente al rescate de una persona accidentada, demostrando su compromiso genuino con la comunidad, a diferencia de otros entes que parecían más interesados en lidiar con los efectos secundarios de la celebración.
Los bomberos del Complejo Industrial Las Américas merecen reconocimiento por su actitud ejemplar, manteniéndose fieles a su deber de proteger y servir a la ciudadanía. Su respuesta rápida y desinteresada en medio de una situación de emergencia pone de manifiesto la verdadera esencia del servicio público, mientras que la ausencia de otras entidades refleja una preocupante desviación de prioridades por parte de las autoridades locales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) saca a la luz una serie de irregularidades cometidas por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2022. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran el falseo de información oficial, pagos excesivos por bienes inservibles, y procesos de adjudicación a modo para favorecer a ciertos proveedores en adquisiciones relacionadas con seguridad pública.
Las prácticas deshonestas llevadas a cabo por la administración municipal la posicionaron como el municipio con más recursos pendientes por aclarar a nivel nacional en el rubro de gasto federalizado programable, acumulando un total de 151.8 millones de pesos de daño a la Hacienda Pública. Estos datos, publicados en el Informe General Ejecutivo de la ASF, revelan la gestión ineficiente y poco transparente liderada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
La ASF detalla numerosas irregularidades en contratos firmados por la administración municipal, desde la compra de luminarias con sobreprecio hasta la adquisición de patrullas inservibles. Además, se revela la relación comercial y financiera entre varias empresas proveedoras, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos de adjudicación llevados a cabo por el gobierno local. Estas revelaciones ponen en entredicho la gestión del presupuesto público y la rendición de cuentas por parte de la administración municipal de Ciudad Juárez.