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En Camargo parece que el tablero político comenzó a moverse mucho antes de que arranquen formalmente los tiempos electorales. En los pasillos del poder ya se da por hecho que existe un equipo consolidado con perfiles que han sido probados en las urnas y en el servicio público, apostando por mantener el control político de la región centro-sur. Los nombres que más suenan son los de Jorge Aldana para la diputación local, el profesor Silva en busca de la Presidencia Municipal y el exdiputado Luis Aguilar rumbo a la diputación federal. La apuesta, dicen, es por la continuidad de un grupo que tiene experiencia, estructura y conocimiento del territorio.

Pero más allá de quienes aparecerían en la boleta, las versiones apuntan a que detrás de ese proyecto existe una figura femenina que ha cobrado fuerza en las conversaciones políticas. Ya la conocen como «La Madrina», una operadora que, aseguran, domina tanto la estrategia electoral como el terreno jurídico, convirtiéndose en la principal asesora del grupo. No faltan quienes, con un toque de exageración propio de la política, incluso la comparan con «La Reina del Sur» por la influencia que le atribuyen. Lo cierto es que, si las señales no fallan, en la región centro-sur consideran que ya tienen rumbo definido y que buena parte de esa ruta ha sido trazada por quien, silenciosamente, supo leer el escenario político antes que muchos.

Tras la reciente visita del director del IMSS, Zoé Robledo, a Chihuahua (donde supervisó mejoras en Juárez), persisten las dudas sobre el avance real del nuevo hospital para la capital. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y la gobernadora Maru Campos han señalado que el estado y la iniciativa privada han cumplido su parte ofreciendo terrenos y gestionando desde hace años.

La mandataria estatal ha lamentado en varias ocasiones que Chihuahua quede fuera de las prioridades federales pese al alto cumplimiento de cuotas de sus empresas y trabajadores. De la Peña, por su parte, ha sido más directo al hablar de burocracia y lentitud en las decisiones centrales del IMSS.

Esta es la pregunta que muchos chihuahuenses se hacen. El argumento oficial es que se trata de un hospital del IMSS (institución federal), por lo que la responsabilidad principal recae en el gobierno de la República. El estado puede donar terrenos y apoyar con infraestructura, pero no puede sustituir la inversión y operación federal.

Sin embargo, ante los constantes retrasos, surge el debate: si el IMSS no avanza, ¿por qué no impulsar un hospital estatal o mixto con recursos locales y MediChihuahua? La respuesta oficial suele ser presupuestal y competencial, pero la ciudadanía percibe falta de presión real o voluntad política para resolverlo de forma alternativa.

Chihuahua no puede seguir esperando indefinidamente. La saturación del Hospital Morelos es evidente. Los retrasos, además de afectar la salud, merman la confianza en las instituciones.

Hay quienes prefieren el silencio para evitar confrontaciones y hay otros que, simplemente, no le sacan a ningún debate. En ese grupo encaja el diputado Jorge Soto, un personaje que ha demostrado ser de los que responden de frente cuando considera que un tema merece ser defendido. Esta semana volvió a dejarlo claro al contestar públicamente los señalamientos del legislador morenista Cuauhtémoc Estrada, respaldando sin titubeos el proyecto de Poniente 5, una obra que, sostiene, será fundamental para mejorar la movilidad en la capital. Soto no se escondió detrás de comunicados ni declaraciones ambiguas; dio la cara y defendió una iniciativa que considera estratégica para Chihuahua.

Pero quienes conocen la trayectoria del panista saben que esa actitud no es nueva. Jorge Soto no es un político de escritorio ni de reflectores ocasionales; ha construido su carrera caminando las colonias, atendiendo a la gente y trabajando desde cada responsabilidad que le ha tocado desempeñar. En la capital se ha distinguido por hacer política de campo, por mantenerse cercano a la ciudadanía y por respaldar con resultados las causas que impulsa. Es un líder que ha sabido consolidar una imagen de congruencia y trabajo constante, sin cargar con escándalos que empañen su trayectoria. En tiempos donde abundan los políticos que aparecen solo en campaña, Soto ha optado por mantenerse activo todos los días, convencido de que la mejor carta de presentación sigue siendo el trabajo y no el discurso.

Hay una frase que se ha vuelto demasiado común en la política y en la burocracia mexicana: «No me corresponde». La dicen alcaldes, gobernadores, funcionarios y hasta empleados de ventanilla. Es la respuesta perfecta para deslindarse de un problema sin tener que resolverlo. Total, si la responsabilidad es de otro, el asunto deja de ser propio.

Y sí, jurídicamente muchas veces tienen razón. Hay caminos federales, arroyos estatales, carreteras concesionadas, infraestructura privada o asentamientos irregulares donde ninguna autoridad quiere meter las manos por miedo a las implicaciones legales. Pero hay ocasiones en las que la ley debería hacer una pausa frente al sentido común, porque cuando está en juego la vida de las personas, la jurisdicción pasa a segundo plano.

Lo ocurrido en el cruce de la avenida Nueva España y calle 20 es un ejemplo doloroso. Ahí, un hombre de 80 años perdió la vida luego de que la corriente arrastrara su vehículo. Después vino el recorrido del alcalde Marco Bonilla, los anuncios de que se analizarán barrotes de protección y nuevas medidas de seguridad. Bien por eso. Más vale tarde que nunca. Pero la pregunta inevitable sigue flotando: ¿era necesario esperar a una tragedia para actuar?

Es cierto que ese paso tiene una historia complicada. El puentecillo fue construido por particulares, en una colonia que nació de invasiones y asentamientos irregulares que durante años crecieron sin orden. Ninguna administración quiso enfrentar de fondo el problema. Se fue heredando gobierno tras gobierno, mientras el riesgo permanecía exactamente en el mismo lugar.

También es justo reconocer que el Municipio sí hizo un trabajo preventivo antes de las lluvias. Durante días se limpiaron arroyos y cauces para evitar taponamientos con basura, una estrategia que dio resultados y evitó inundaciones mayores en distintos sectores de la ciudad. Ese esfuerzo existió y funcionó.

Sin embargo, una cosa es retirar basura y otra muy distinta atender un punto que, año tras año, demuestra ser un riesgo permanente. Quienes circulan por esa zona saben que, cuando llueve con intensidad, el agua baja con fuerza suficiente para mover vehículos. No era un fenómeno desconocido. Era un peligro anunciado.

La administración municipal ha insistido, en más de una ocasión, en que ciertos problemas corresponden al Estado, otros a la Federación y algunos más a particulares. Técnicamente puede ser correcto. Pero la ciudadanía rara vez distingue entre colores de gobierno o niveles de competencia cuando está frente a un riesgo inminente. La gente solo espera que alguien haga algo.

Quizá esa sea la verdadera lección que deja esta tragedia. Hay responsabilidades legales que pueden discutirse durante meses en un escritorio. Pero también existen responsabilidades morales que no admiten demora. Cuando un sitio representa un peligro evidente, alguien debe intervenir, aunque después se resuelva quién paga la obra o quién tenía la obligación original de hacerla.

Porque al final, el agua tampoco pregunta de quién es la jurisdicción antes de llevarse un automóvil. Y la muerte, mucho menos.