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En política hay dos formas de enfrentar una crisis: esconderse detrás de comunicados, campañas mediáticas y redes sociales, o acudir personalmente a responder preguntas, incluso cuando el escenario es adverso. Esta semana, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, eligió el segundo camino.

Su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, convocada para abordar el tema del adeudo histórico relacionado con el ISR en el Municipio de Juárez, terminó convirtiéndose en algo más que una explicación administrativa. Fue una demostración de oficio político. Mientras algunos esperaban encontrar a un alcalde a la defensiva, lo que encontraron fue a un político que acudió voluntariamente a dar la cara, responder cuestionamientos y sostener con datos que gran parte de los señalamientos corresponden a problemas heredados de administraciones anteriores.

No fue una comparecencia sencilla. Hubo confrontaciones con legisladores del PAN, críticas, protestas en el exterior del recinto e incluso algunos diputados decidieron abandonar la reunión. Sin embargo, lejos de evadir el debate, Pérez Cuéllar mantuvo la discusión en el terreno de los números, los antecedentes administrativos y la situación financiera que encontró al llegar al gobierno municipal en 2021.

Eso, en los tiempos actuales, tiene un valor político importante.

Porque mientras otros aspirantes se han concentrado en construir presencia mediante espectaculares, campañas digitales, giras de promoción personal y estrategias de posicionamiento mediático, Cruz Pérez Cuéllar ha apostado por un camino distinto: gobernar una de las ciudades más complejas del país y presentar resultados como principal carta de presentación.

No es casualidad que hoy su nombre aparezca de manera recurrente en las conversaciones sobre la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua en 2027. A nivel nacional ya es mencionado entre los perfiles que buscan competir por gobiernos estatales dentro del movimiento encabezado por Morena.

La diferencia es que, mientras algunos construyen expectativa, Cruz construye expediente.

Ciudad Juárez ha sido durante décadas el municipio más difícil de gobernar en Chihuahua. Problemas de movilidad, seguridad, servicios públicos, crecimiento urbano y rezagos históricos han convertido a la frontera en un auténtico laboratorio político. Quien logra sostenerse políticamente en Juárez no lo hace únicamente por estrategia de comunicación; lo hace porque desarrolla capacidad de negociación, administración y operación gubernamental.

La comparecencia de esta semana dejó precisamente esa impresión. Más allá de simpatías o diferencias partidistas, mostró a un alcalde dispuesto a enfrentar cuestionamientos en la máxima tribuna política del estado. En una época donde abundan los discursos prefabricados y las declaraciones diseñadas para las redes sociales, el ejercicio tuvo un ingrediente que cada vez escasea más: rendición de cuentas cara a cara.

Por eso, rumbo al 2027, la pregunta ya no es si Cruz Pérez Cuéllar está en la contienda. La realidad política indica que ya está. La verdadera pregunta es quién dentro de Morena tiene hoy una plataforma de gobierno, un nivel de conocimiento estatal y una capacidad de defensa política comparable.

La comparecencia ante el Congreso no fue solamente una explicación sobre finanzas municipales. También fue una señal de fortaleza política. Y en política, cuando un aspirante entra a territorio adverso, responde los cuestionamientos y sale fortalecido, normalmente significa que su proyecto sigue avanzando.

En Chihuahua, esa carrera ya comenzó. Y después de lo ocurrido en el Congreso, Cruz Pérez Cuéllar parece haber dado un paso más para consolidarse como el puntero de Morena rumbo a la gubernatura.

Lo que antes podía quedarse en un rumor de colonia, una denuncia vecinal o una historia que jamás llegaba a los escritorios del poder, hoy tiene la capacidad de convertirse en tendencia y obligar a los gobiernos a reaccionar a toda velocidad.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con el ahora ex empleado municipal señalado de haber asesinado brutalmente a un perrito en Jardines de Oriente.

Porque seamos honestos. Si el video, las fotografías y la indignación ciudadana no hubieran inundado Facebook, grupos vecinales y medios de comunicación, probablemente nadie en el Municipio habría sabido quién era, dónde trabajaba o qué vehículo oficial utilizaba. O al menos eso es lo que parece.

La historia es tan indignante como reveladora. Apenas el caso comenzó a explotar públicamente, el Gobierno Municipal salió con un posicionamiento oficial para informar que el señalado sí tenía una relación laboral con la administración y que había sido separado de su cargo de manera inmediata. Las investigaciones internas permitieron confirmar el vínculo laboral y proceder con su destitución.

Qué rapidez.

Una velocidad administrativa que muchos ciudadanos quisieran ver cuando reportan fugas de agua, baches, luminarias fundidas o trámites atorados.

Pero la pregunta incómoda sigue en el aire: ¿qué habría pasado si el caso no se volvía viral?

Porque el problema no es solamente el presunto acto de crueldad animal. El problema es que la reacción institucional parece haber llegado después de la presión pública y no antes.

Y es que la historia tiene todos los ingredientes del México moderno: un funcionario señalado, una patrulla o unidad oficial involucrada en las versiones ciudadanas, vecinos indignados, redes sociales encendidas y autoridades que descubren el asunto exactamente cuando medio Chihuahua ya lo conoce.

La fórmula es conocida.

Primero aparece el video.

Después llegan los comentarios.

Luego la indignación.

Más tarde los medios.

Y finalmente el comunicado oficial.

Como si la viralidad se hubiera convertido en un nuevo órgano de control interno.

Lo verdaderamente lamentable es que el protagonista de esta historia no es un político, ni un director, ni un alto funcionario. La víctima fue un animal indefenso cuya muerte provocó una indignación generalizada precisamente porque refleja una conducta que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar.

Y mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones y el señalado enfrenta las consecuencias legales correspondientes, la administración municipal también debería aprovechar para hacer una revisión interna más profunda. Porque cuando un caso así estalla públicamente, la discusión ya no gira solamente en torno al presunto responsable.

También surge una pregunta inevitable sobre los filtros, supervisiones y mecanismos que existen para quienes forman parte del servicio público.

Al final, el mensaje que quedó para muchos ciudadanos es simple: al perrito nadie pudo defenderlo a tiempo, pero afortunadamente las redes sociales sí lograron algo que parece cada vez más difícil en la política moderna: obligar a las autoridades a reaccionar.

Porque en Chihuahua ya descubrimos una nueva dependencia gubernamental.

No es Sindicatura.

No es el Órgano Interno de Control.

No es la Contraloría.

Se llama Facebook.