La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de desestimar la solicitud de los LeBarón de invalidar las sentencias previas que negaban el reconocimiento de su comunidad como equiparable a un pueblo originario, ha generado una polémica que ha resonado en el ámbito nacional. A pesar de los reclamos de discriminación por parte de los LeBarón, todas las instancias jurídicas disponibles han confirmado la decisión original del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, respaldada por la Sala Guadalajara, basada en peritajes antropológicos del INAH que no califican a esta comunidad como un pueblo indígena. Este fallo, impulsado por la magistrada presidenta del TEE, Roxana García, y que consta de 357 fojas, marca un hito nacional e internacional al ser el primer veredicto en México que aborda y decide sobre los derechos de comunidades etno-religiosas y migrantes que buscan ser equiparadas con pueblos originarios o tribales, estableciendo así un precedente significativo en materia de justicia étnica y social.
La resolución de este caso no solo tiene implicaciones legales y políticas, sino que también plantea cuestiones más amplias sobre la identidad y los derechos de las comunidades en México. La negativa del reconocimiento como pueblo originario a los LeBarón ha generado debates sobre la diversidad cultural y étnica en el país, así como sobre el acceso de las comunidades marginadas a la autodeterminación y la autonomía. A medida que este fallo se convierte en un punto de referencia nacional e internacional, es probable que siga generando discusiones y reflexiones sobre la equidad y la inclusión en el sistema jurídico mexicano y en la sociedad en general.
La última edición de la sección «quién es quién en las mentiras» de la mañanera de AMLO causó revuelo, esta vez señalando al Gobierno del Estado de Chihuahua. Esta parte del programa ha sido utilizada en repetidas ocasiones para atacar a la oposición y a cualquier entidad que cuestione al presidente, sin dejar espacio para la objetividad. La acusación de patrocinar campañas de desprestigio contra López Obrador y su partido, usando empresas virtuales de distribución de contenido en redes sociales, ha dejado al Gobierno estatal en una posición delicada, especialmente en tiempos electorales, siendo Chihuahua uno de los pocos estados panistas restantes.
El señalamiento impactó fuertemente al involucrar a Euthenics, un proveedor que aparece en el padrón gubernamental, aunque las explicaciones apuntan a que cualquier entidad puede inscribirse en este registro sin necesariamente proveer servicios. Sin embargo, la coincidencia en medio de una campaña electoral ha levantado suspicacias, dejando en entredicho la credibilidad de la sección «quién es quién en las mentiras» y sus verdaderas intenciones de desacreditar a los opositores del gobierno.
Los magistrados Mayra Arróniz, Gregorio Daniel Morales y Alejandro Tavares Calderón han generado un debate intenso con sus recientes decisiones. El caso del exdirector del Instituto del Deporte durante la administración de Javier Corral, Juan Pedro S.G., quien recibió una inhabilitación de tres meses por presuntas irregularidades financieras, ha levantado críticas por su aparente desproporción frente al daño al erario, estimado en más de un millón de pesos. Este fallo contrasta abruptamente con la sanción impuesta a Andrés Benjamín G.V., exsupervisor de la entrega de apoyos emergentes por la pandemia, quien enfrenta una inhabilitación de 10 años por un desfalco de apenas 62 mil pesos, cuestionando así la coherencia y la equidad en la aplicación de la ley.
La disparidad entre las sanciones impuestas por el TEJA ha generado interrogantes sobre la objetividad y la consistencia de las decisiones judiciales en materia de corrupción. La diferencia en el trato entre los implicados del «corralato» suscita críticas sobre posibles sesgos y privilegios en el sistema judicial. Mientras que el caso de Juan Pedro S.G. ha derivado en un proceso penal dirigido por la Fiscalía Anticorrupción, el de Andrés Benjamín G.V. aún no ha sido objeto de una investigación de esta naturaleza. Esta divergencia en los procedimientos judiciales refleja la complejidad y la opacidad en la aplicación de las normas anticorrupción, dejando en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y coherencia en la administración de justicia en casos de corrupción política.
Las luces de alerta parpadean con intensidad para la coalición PAN-PRI-PRD, especialmente en el distrito federal 08 de Chihuahua capital. Un sondeo interno distribuido por Morena ha puesto en aprietos al candidato de la alianza, Alejandro Domínguez, al situar al exalcalde tricolor y ahora representante de la 4T, Marco Quezada, con una ventaja de 10 puntos porcentuales. Este revés no solo afecta al PRI, sino que también preocupa al PAN, ya que la debilidad en este distrito podría repercutir en otros distritos locales, complicando aún más la situación para el alcalde azul, Marco Bonilla, en su búsqueda por la reelección.
La estrategia de la coalición se centra en intensificar la presencia del candidato azul para contrarrestar el impulso de Quezada, mientras que se concentra inicialmente en movilizar esfuerzos en las colonias del sur de la capital. Sin embargo, la candidata local del distrito 16, Carla Rivas, también representa un obstáculo para el PAN, lo que requiere una operación a nivel de base para asegurar el apoyo necesario el día de las elecciones. Mientras tanto, en el campo moreno, la situación parece más relajada debido al flujo constante de recursos federales, aunque la reciente intervención generosa de Ariadna Montiel, líder de la 4T en Chihuahua, en la campaña de Quezada, sugiere que la batalla está lejos de estar decidida y que las tácticas del clientelismo electoral seguirán desempeñando un papel crucial en los meses venideros.