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La oscuridad del secretismo envolvió el juicio oral, bajo el pretexto de proteger información delicada. Sin embargo, este manto se cerró con rapidez una vez que se hizo público el proceso, alborotando a jueces, defensores y acusadores, que abruptamente decidieron cerrar las puertas del juicio.

El reciente veredicto que declaró inocente a Enrique López Acosta, también conocido como “El Cumbias”, en el caso de una masacre sostenida desde 2010, dejó en la palestra las sombras de la justicia en Chihuahua. La decisión generó sospechas debido a la rapidez y a la falta de explicación sobre el por qué de un juicio secreto y el cambio de carácter del mismo.

El daño abarca más que una sola sentencia; la impunidad en torno a la masacre en cuestión, así como otras similares, tiñe la reputación de instituciones clave como el Ejército, la Fiscalía del Estado y el sistema penitenciario. La liberación casi instantánea de “El Cumbias” tras el veredicto avivó las conjeturas de una posible influencia oscura en juego. En un panorama donde la justicia pareciera tambalear, la búsqueda de respuestas y claridad se vuelve más necesaria que nunca.


 

La jornada actual se vislumbra como crucial para determinar el destino de las demandas de juicio político dirigidas al ex gobernador Javier Corral y al ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Tras un recorrido lleno de giros, este día parece marcar un hito en la decisión de procedencia o desestimación de estas solicitudes.

Las demandas de juicio político resurgieron tras una sentencia de un juez federal que cuestionó la determinación previa de la comisión jurisdiccional del Congreso del Estado al rechazar su viabilidad. La primera de estas demandas gira en torno a la designación de Luz Estela Castro como Consejera de la Judicatura, mientras que la segunda apunta al supuesto desvío de retenciones de empleados estatales por parte de la Secretaría de Hacienda bajo el liderazgo de Arturo Fuentes Vélez, fondos que debieron dirigirse a Pensiones Civiles del Estado. El veredicto de hoy, salvo cambios imprevistos, podría definir la admisión o el rechazo de estos procesos de juicio político, marcando así un punto culminante en el panorama político local.


Desde hace casi una semana, la joven diputada local Jael Argüelles parece haber roto los lazos con la franquicia del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua, liderada por Rubén Aguilar Jiménez. Sin tapujos, Argüelles expresó que no desea sentir una soga en el cuello, dejando a la vista las tensiones que marcan su relación con el partido. Aunque aclaró que se mantendrá en las filas del PT, su desafío a la cúpula no implica un salto automático a Morena, lo que seguramente causará dolores de cabeza políticos a los Aguilar. La diputada, la más joven en la Sexagésima Séptima Legislatura, denunció acoso por parte de la familia Aguilar, lo que ha arrojado dudas sobre su permanencia en el PT y su posible adhesión a Regeneración Nacional.

En respuesta, Argüelles dejó en claro que, a pesar de los desafíos y las presiones, sigue firme en sus ideales y principios. Afirma continuar apoyando la Cuarta Transformación, independientemente de la afiliación partidaria. Sin embargo, reconoce que su presencia se torna incómoda en el PT, cuyo sesgo parece acercarse a ideales similares a los del PAN. No teme afrontar las consecuencias de su independencia, incluso si esto marca el fin de su «incipiente carrera política». Con experiencia y convicciones, Argüelles se muestra comprometida en luchar por lo que considera justo, sin cargar con la vergüenza de votar en contra de los intereses de la gente.


 

La inquietud del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez, en relación con la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado, tiene fundamentos reales. La opción de la legisladora priísta Ivón Salazar Morales parece estar encaminada, a pesar de las críticas sobre su limitada experiencia en cargos de alto nivel. Aunque ha mantenido un perfil bajo, ha logrado construir confianza en el partido y con otras fuerzas políticas. En contraste, Georgina Zapata, también priísta, carga con el peso de su linaje político y dependencia de sindicatos relacionados con el transporte público, lo que podría complicar su candidatura en un año electoral marcado por cuestionamientos sobre la renovación de camiones.

Ivón, respaldada por Morena y habiendo sido vista en compañía de los azules, parece ser una opción más natural y aceptada. Si el CDE priísta opta por seguir apoyando a Georgina, podría enfrentar un desgaste, ya que muchos priistas en el Congreso parecen inclinarse por Ivón. La elección no solo está enmarcada en las preferencias partidistas, sino también en las realidades políticas y desafíos que marcan este año electoral crucial.

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