De acuerdo con las afirmaciones del diputado Cuauhtémoc Estrada, Juárez se identifica plenamente con Morena, consolidando así la aceptación del partido y su proyecto en la región. Esta situación, según el legislador, asegura la reelección para Cruz Pérez Cuéllar, a pesar de que en algún momento se le mencionó como posible contendiente contra el actual alcalde y Juan Carlos Loera. Aunque nada está definitivamente decidido, Estrada afirma con convicción que Morena saldrá victorioso en las elecciones de 2024.
A pesar de que Enrique Serrano niega haber recibido una invitación formal para postularse como candidato del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía, se rumorea que ha surgido como el mejor posicionado en los sondeos del tricolor. Mientras tanto, en el PAN, las propuestas se mantienen en una especie de encuesta entre Rogelio Loya, Gabriel García y Sergio Nevárez como las cartas más fuertes para el partido albiazul. En caso de que Serrano sea el candidato, se especula que García Cantú regresaría a la diputación, ya sea por mayoría o de manera plurinominal, mientras que Loya se quedaría en Recaudación de Rentas y Nevárez en la Junta de Agua. El tablero político en Juárez promete ser dinámico y estratégico en los próximos meses.
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En el escenario político de Morena, los precandidatos Miguel Riggs y Rosa Lilia Cardona parecen estar quedándose rezagados en la carrera, ya sea oficial o no oficial. Mientras tanto, Miguel La Torre ha tomado la delantera al movilizar a su base de seguidores y, viceversa, colocándose estratégicamente en los medios de comunicación locales. Con la premisa de «el que pega primero pega dos veces», La Torre parece estar capitalizando la oportunidad de presentarse ante el público y, según los rumores, se espera que en los próximos días inicie una serie de entrevistas para exponer abiertamente sus motivaciones para aspirar a la candidatura. Con el dedazo presumiblemente programado para febrero, Riggs y Cardona tienen un tiempo limitado para persuadir tanto a los militantes como a los observadores externos antes de que se tome la decisión final.
A pesar de los obstáculos legales que persisten en torno al nuevo Relleno Sanitario, rebautizado como la Planta de Economía Circular, la administración de Marco Bonilla continúa avanzando en su concreción, confiando en que se resolverán las trabas legales en los juzgados federales. En un paso significativo, ayer se anunció la incorporación de dos despachos, IDOM e INFRA P3, al equipo encargado de desarrollar el proyecto. Ambos despachos gozan de una destacada trayectoria internacional en la materia, destacándose que IDOM ha liderado más de 30 mil proyectos en 125 países, mientras que INFRA P3 ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura a nivel global, incluyendo sistemas de manejo de residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales.
El respaldo financiero de Banobras es un componente clave en este ambicioso proyecto ambiental en Chihuahua, destacó el alcalde, subrayando la planificación meticulosa de cada fase del proceso. Con la participación de estos despachos de renombre y el respaldo financiero, se espera que la Planta de Economía Circular no solo resuelva la problemática local de manejo de residuos, sino que también establezca un precedente nacional en la gestión ambiental.
En los últimos días de diciembre del año pasado, se desató una purga en la Secretaría de Gobernación del Estado, específicamente en el Departamento de Alcoholes. Sorprendentemente, ciertas plazas ocupadas por personal que laboraba en condiciones precarias fueron abruptamente remplazadas, generando especulaciones sobre posibles prácticas irregulares en la toma de decisiones. Entre las versiones que circularon, se destaca la pérdida de expedientes cruciales para la emisión de permisos de venta de alcohol. Se rumorea que algunos funcionarios intentaron deslindarse de responsabilidades implicando a empleados de nivel inferior, quienes fueron los afectados, llevándose consigo un sabor amargo durante las festividades navideñas. En medio de la incertidumbre, la situación en la Secretaría General de Gobierno apunta hacia el jefe del Departamento de Alcoholes, Iván Almeida, cuya gestión se ve empañada por señalamientos graves, incluyendo despidos insensibles y presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores. Además, surgen dudas sobre la posición oficial de Almeida como inspector de Gobernación, ya que su salario insignificante contrasta con sospechas de concesiones y compensaciones indebidas, alimentando así las especulaciones en torno a la integridad de su desempeño en el cargo.
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