Una vez más, la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, enfrenta fuertes críticas por presuntas irregularidades en la designación de candidaturas. En esta ocasión, los militantes del partido en la ciudad de Chihuahua expresaron su malestar debido a la falta de respeto hacia el acuerdo previo de postular a Jesús Parra como aspirante a la alcaldía de Bocoyna. Según los manifestantes, la líder partidista no consideró la necesidad de nominar a una mujer en esa región, lo que resultó en la destitución sorpresiva de Parra, a pesar de que ya contaba con registro ante el Instituto Estatal Electoral. Este incidente suscita cuestionamientos sobre la transparencia y coherencia en los procesos de selección de candidatos, especialmente en un contexto donde se repiten patrones de cambio repentino de decisión, como lo ocurrido con Ricardo Salcido en Santa Bárbara. ¿Acaso a estas alturas no debería estar clara la importancia de cumplir con la cuota de género en los cargos locales?
En lo que marca un escalofriante aumento de violencia en el sistema penitenciario estatal, la administración actual enfrenta un desafío sin precedentes con el reciente asesinato del policía de seguridad y custodia José Guadalupe Medrano Rodríguez. Este trágico evento marca el undécimo homicidio de custodios en los Centros de Reinserción Social (Cereso) del estado durante su gestión. Un crimen que ha generado alarma y ha llevado a medidas drásticas, como la prohibición de visitas en los centros penitenciarios y operativos de seguridad intensificados en áreas cercanas a los hechos violentos.
El reciente asesinato de Medrano Rodríguez vuelve a poner en relieve la grave situación de inseguridad en los Ceresos, recordando dolorosamente el motín fatal del año anterior en el Cereso número tres de Ciudad Juárez. Aquel incidente, que resultó en la muerte de diez elementos de la Fiscalía General del Estado, llevó a un cambio administrativo significativo, con los penales pasando a la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Sin embargo, la violencia persiste, evidenciando la urgente necesidad de abordar la crisis carcelaria de manera integral y efectiva.
La sombra de la misoginia vuelve a cernirse sobre Movimiento Ciudadano en Chihuahua, revelando un patrón de discriminación hacia mujeres con iniciativa propia. En esta ocasión, Ana Lucía Baduy, una figura prominente dentro del partido, alza la voz tras ser excluida de la contienda electoral, a pesar de su destacada trayectoria. Se señala a Alfredo «El Caballo» Lozoya, exalcalde de Parral, y Francisco Sánchez, diputado local y coordinador del partido, como responsables de esta exclusión, alegando problemas de maltrato hacia colaboradoras en pasadas elecciones. El caso de Baduy, quien tenía potencial para liderar candidaturas tanto a alcaldía como a diputación, destaca la persistencia de prácticas discriminatorias que limitan la participación femenina en la política, agravando la representatividad democrática en el proceso electoral venidero.
Con el reinicio de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, se espera que el polémico dictamen de la reforma al Poder Judicial del Estado sea elevado al Pleno para su análisis y votación. Entre los cambios más significativos está la atribución del Poder Ejecutivo para seleccionar las ternas de aspirantes a magistrados, generando controversia y anticipando un intenso debate en el Congreso. A pesar de las objeciones de la bancada de Morena, que previsiblemente votará en contra del dictamen, la mayoría calificada parece estar asegurada, lo que plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en la entidad.