Por: Juan Carlos Estrada
En el periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), México ha experimentado un notable aumento en los índices de violencia y delincuencia. Esto ha captado la atención tanto de la sociedad mexicana como de la comunidad internacional, debido a sus implicaciones en la seguridad pública y la estabilidad social del país.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año 2019 registró una tasa de homicidios de 29 por cada 100,000 habitantes, siendo una de las más altas en la historia reciente del país. En 2020, aunque hubo una ligera disminución a 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, esta cifra sigue siendo alarmantemente alta en comparación con estándares internacionales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en 2021 se cometieron 33,308 homicidios dolosos, y en 2022 la cifra fue de 30,968, lo que indica una ligera disminución pero aún una persistencia del problema.
El crimen organizado sigue siendo uno de los principales factores detrás de la violencia en México. Los cárteles de la droga, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han intensificado sus actividades y conflictos territoriales. La fragmentación de estos grupos ha dado lugar a facciones más pequeñas y violentas, aumentando la incidencia de enfrentamientos armados.
La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial continúa siendo un problema crítico. La impunidad, con tasas de resolución de crímenes extremadamente bajas, ha fomentado una cultura de ilegalidad donde los delincuentes operan con relativa libertad. Según el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas Puebla, México ocupa uno de los primeros lugares en términos de impunidad a nivel mundial.
Las condiciones socioeconómicas participan en la perpetuación de la delincuencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza, la desigualdad sigue siendo pronunciada. La falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes los hace vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
Uno de los eventos que han marcado en la administración de López Obrador fue la masacre de Minatitlán, Veracruz. Un grupo armado llegó a una fiesta y abrió fuego contra los asistentes, resultando en 14 muertos, incluidos un niño de un año. Este evento subrayó la brutalidad de los enfrentamientos entre grupos criminales y la vulnerabilidad de la población civil.
El llamado “Culiacanazo” se refiere al operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. Tras su captura, miembros del Cártel de Sinaloa desataron una ola de violencia en la ciudad, tomando rehenes y bloqueando carreteras. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, el gobierno decidió liberar a Ovidio, lo que generó críticas tanto a nivel nacional como internacional por la aparente falta de control del Estado sobre el crimen organizado.
En Bavispe, Sonora, nueve miembros de la familia LeBarón, incluidos seis niños, fueron asesinados por presuntos miembros del crimen organizado. Este ataque brutal, que incluyó la quema de vehículos con personas adentro, conmocionó al país y puso de relieve los peligros enfrentados por las comunidades en regiones controladas por el crimen.
Una de las principales estrategias de la administración de López Obrador ha sido la creación de la Guardia Nacional en 2019, una fuerza de seguridad pública destinada a reemplazar a la Policía Federal y a cooperar en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, su efectividad ha sido objeto de debate. Aunque ha tenido algunos éxitos, también ha enfrentado críticas por su militarización y la continua presencia de violaciones de derechos humanos.
El gobierno ha implementado varios programas sociales con el objetivo de atacar las causas estructurales de la violencia. “Jóvenes Construyendo el Futuro” es uno de los más destacados, proporcionando becas y formación laboral a jóvenes. No obstante, la efectividad de estos programas en la reducción de la violencia ha sido nula y requiere un periodo más prolongado para mostrar resultados tangibles.
A pesar de los esfuerzos, los resultados en la disminución de la violencia y la delincuencia han sido mixtos. La fragmentación de los cárteles ha llevado a la proliferación de grupos criminales más pequeños pero igual de violentos. Además, la corrupción endémica dentro de las instituciones de seguridad y justicia sigue socavando cualquier progreso.
El incremento de la violencia y delincuencia en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador refleja una crisis multifacética que no puede ser abordada con soluciones rápidas o simplistas. Se requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad efectivas con políticas sociales y económicas sostenibles. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil son cruciales para revertir esta tendencia y construir un México más seguro y justo para todos sus habitantes.
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