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El senador Mario Vázquez advirtió que la propuesta de la nueva Ley Nacional de Aguas presentada por el Gobierno Federal representa un ataque directo a miles de productores que dependen del binomio tierra–agua para sostener la producción alimentaria del país. “La iniciativa abre la puerta a una criminalización sin precedentes contra el campo, bajo un falso dilema que enfrenta el derecho humano al agua con la actividad agrícola”, expuso.
“Los productores se manifiestan en todo el país por una razón legítima: esta iniciativa vulnera derechos que por décadas han sido reconocidos por el Estado mexicano. No se puede llamar ‘política hídrica’ a una ley que pretende sancionar con multas de entre dos y cinco millones de pesos a quienes, incluso por efecto de las lluvias, modifiquen mínimamente un cauce. Eso es criminalizar al campo”, afirmó.
El Senador por Acción Nacional insistió en que nadie cuestiona la prioridad del derecho humano al agua para consumo, uso doméstico y uso urbano. “Eso no está en debate. Lo que está en debate es un argumento construido para dividir a los mexicanos. Es falso que exista una contravención entre garantizar agua a las personas y permitir que el campo siga produciendo”, sostuvo.
Explicó que, en la práctica, es mucho más frecuente que las concesiones agrícolas terminen siendo utilizadas para fines urbanos y no al revés. “No hay ese conflicto que quieren inventar. No permitiremos que se enfrente a unos mexicanos contra otros bajo un discurso que no corresponde a la realidad”.
Mario Vázquez, senador por Chihuahua, también alertó que la propuesta avanza hacia la recentralización absoluta de la Conagua, un organismo que hoy se encuentra debilitado y que, de aprobarse la iniciativa, quedaría concentrado en el centro del país.
“Pretenden desaparecer Organismos de Cuenca y Consejos donde participan estados, municipios, productores y especialistas. Con esa decisión no se resuelven los problemas del agua; se borra la voz de quienes conocen los territorios y las cuencas. Es un retroceso institucional y democrático”, puntualizó.
De manera paralela, anunció que se está construyendo una propuesta alternativa que evite este falso dilema entre beber agua y consumir alimentos accesibles. “Ambas cosas son indispensables. No podemos permitir que el país escoja entre agua o comida. Nuestro deber es garantizar las dos”, afirmó.
Finalmente, reiteró su rechazo al enfoque criminalizante de la iniciativa y llamó a construir una política hídrica responsable, técnica y humana. “El campo no puede seguir siendo tratado como enemigo. Defenderemos los derechos de quienes producen los alimentos que llegan a cada mesa en México. Agua y campo no compiten; se necesitan mutuamente”.
