Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

No es cierto que el reporte anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo sea autónomo de lo que piensa el presidente Joe Biden. Tampoco es cierto que sea un acto de politiquería y que sea una calificación para ningún país. El presidente Andrés Manuel López Obrador puede decir lo que le plazca y mentir cuantas veces lo desee, como lo hizo ayer al referirse al informe en busca de un eco desinformado, pero no puede creer realmente lo que dice. No hay evidencia de que no piense lo que habla, lo que es más delicado, porque esto significa que minimiza e ignora las luces rojas del semáforo que se están prendiendo contra su gobierno en Washington de manera cada vez más frecuente.

El reporte del Departamento de Estado es resultado de una ley que pasó el Congreso de Estados Unidos como parte del Acta de Asistencia Exterior de 1961, aunque su primer informe fue hasta 1976. Los legisladores lo toman como base para aprobar o limitar la ayuda exterior de Estados Unidos en el mundo, donde gobiernos y organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos lo esperan anualmente con interés y preocupación.

López Obrador reaccionó a un informe que dejó en evidencia a su gobierno, por lo que llamó “problemas significativos” en materia de derechos humanos, que iban en el abanico de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, impunidad y ataques a la libertad de expresión. Pero lo novedoso del documento, que pasó desapercibido, aparece en el sumario ejecutivo del capítulo sobre México, donde señala que “hay reportes de que algunos funcionarios del gobierno eran cómplices de las organizaciones criminales internacionales”. Es decir, la afirmación es en presente, no en pasado, el tiempo preferido por el Presidente para sacudirse las deficiencias y corruptelas en su gobierno.

Esas 328 palabras en inglés dentro del reporte, que fueron incorporadas a partir de la información que proporcionaron desde la embajada y consulados de Estados Unidos en México, ponen en blanco y negro las preocupaciones que expresan cada vez más fuerte y frecuentemente funcionarios estadounidenses, y la forma como legisladores están trabajando en el Capitolio para atajar la creciente corrupción que están viendo en el gobierno mexicano. La iniciativa de ley más importante, por la trascendencia que puede haber sobre funcionarios mexicanos, la presentó el 12 de enero pasado el diputado republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, que es miembro del Comité Selecto de Inteligencia y del Comité sobre las Fuerzas Armadas.

Gallagher presentó su iniciativa H.R. 332 (H.R. es la abreviación en inglés de la Cámara de Representantes), para extender los alcances del Acta Global Magnitski sobre Rendición de Cuentas para combatir la corrupción y las violaciones a los derechos humanos “cometidos por funcionarios mexicanos”. La llamada ley Magnitski toma su nombre del abogado ruso Serguéi Magnitski, quien, tras denunciar corrupción multimillonaria por funcionarios del gobierno de Vladímir Putin, fue encarcelado y torturado durante poco más de un año, hasta que murió en prisión en 2009. Tres años después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley, y partir de ahí varias naciones, como Canadá y el Consejo de la Unión Europea, han adoptado ese nuevo régimen global de sanciones por violaciones a los derechos humanos.

En su conjunto, las sanciones se han aplicado a naciones que se distinguen por tener líderes autócratas, como Rusia, Venezuela, Irán y Corea del Norte, entre otras, y aunque la extraterritorialidad de la justicia está implícita en la ley Magnitski y sus diferentes interpretaciones, hasta ahora no se ha aplicado a ninguna nación de Occidente, como se denomina el agrupamiento de los países que comparten los valores democráticos de la libertad. De ahí la relevancia de la iniciativa de ley de Gallagher, al buscar que México –cuyo Presidente es cada vez más calificado como un autócrata en el mundo– pueda ser específicamente sancionado por Estados Unidos.

La iniciativa de ley de Gallagher fue referida al Comité de Relaciones Exteriores y dio vista, para que también la analice, el Comité Judicial, bajo el nombre de Acta de Apoyo a México contra la Corrupción, y establece que no más de 120 días después de que entre en vigor, el Presidente debe imponer las sanciones a todo aquel funcionario o exfuncionario, o quien actúe en nombre o en cooperación con un oficial del gobierno mexicano, si tiene evidencia creíble de haber estado involucrado en actividades de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, tortura, terrorismo o violar las libertades, delitos que parafrasean casi en su totalidad a las violaciones que marcó el reporte del Departamento de Estado.

Las sanciones de la ley Magnitski incluyen el congelamiento de sus activos en el extranjero, cancelar sus visas y prohibir el ingreso a Estados Unidos a funcionarios y exfuncionarios mexicanos, como sugirió también recientemente que podría implementarse el senador Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, para acotar al gobierno de México, si no se compromete a luchar contra el fentanilo y los cárteles de la droga.

La iniciativa de Gallagher es altamente peligrosa para el gobierno de México, y en otras condiciones sería muy difícil que llegara a debatirse y menos aun aprobarse en la Cámara de Representantes y en el Senado, para convertirse en ley. Sin embargo, la coyuntura actual no es favorable a México, al haberse alineado las preocupaciones, frustraciones y agendas dentro del gobierno de Estados Unidos y de los demócratas y republicanos en el Capitolio. No ayuda la negación del Presidente sobre la producción de fentanilo en México, tema de discusión con dos bloques de legisladores que lo han visitado en menos de 10 días.

Su posición ayuda involuntariamente al consenso en Estados Unidos sobre su falta de cooperación y complicidad de funcionarios de su gobierno con los cárteles, e inyecta combustible a las presiones sobre el Presidente. Las luces rojas están prendidas, pero López Obrador no cambiará, exacerbando más a Washington, sin saberse, por ahora, hasta dónde llegarán su frustración e irritación.