Expertos de Santamarina+Steta advirtieron que el greenwashing —la práctica de presentar productos, servicios o actividades empresariales como amigables con el medio ambiente sin sustento real— enfrenta un cerco regulatorio cada vez más estricto en México. Las empresas que incurran en esta conducta se exponen a sanciones legales, pérdidas económicas y daño reputacional.
“Podemos vislumbrar una nueva configuración de la economía global que apunta hacia eliminar el greenwashing. Se está dando no solo en las grandes corporaciones, las cuales están atentas a que sus cadenas de suministro no incurran en dicha práctica. También cada día se afinan los criterios de evaluación y regulaciones al respecto en todo el mundo. La legislación mexicana y una parte importante de corporativos establecidos en el país están teniendo importantes actualizaciones en ese sentido”, explicó Juan Carlos Machorro, socio de la división transaccional de la firma.
La tendencia es global. En Europa, la Directiva (UE) 2024/825 —que prohíbe las prácticas comerciales engañosas vinculadas a declaraciones medioambientales infundadas— deberá aplicarse en todos los Estados miembros a partir del 27 de septiembre de 2026, aunque varios países aún no completan su transposición. Otra norma complementaria, la Green Claims Directive —que obligaría a las empresas a verificar de forma independiente cualquier alegación ambiental antes de hacerla pública,— permanece estancada en el proceso legislativo europeo desde junio de 2025.
Elena Ocampo, asociada del despacho, señaló que el greenwashing ya genera riesgos concretos en México. “A partir de la publicación de la Taxonomía Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), quedaron establecidos criterios de medición y por lo tanto, de regulación. Eso incluye actualmente auditorías por parte de la ONU”, explicó. La Taxonomía Sostenible clasifica las actividades económicas según su impacto ambiental y social. Sirve como base para regular las finanzas sostenibles en el país.
Ocampo destacó que estos esfuerzos son especialmente relevantes para los inversionistas vinculados al nearshoring, quienes exigen el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). “Ya hay una cobertura de vigilancia transversal diseñada para proteger al consumidor, a la sociedad y a los recursos naturales del país”, indicó. Esa vigilancia involucra a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras autoridades. La especialista precisó que el social washing —cuando una empresa exagera o falsea su impacto social positivo— también está bajo la lupa.
Por su parte, Emilio Gaytán advirtió que muchas empresas pueden estar incurriendo en greenwashing sin saberlo. “Si las buenas intenciones no están bien sustentadas con evidencia y trazabilidad, se pueden convertir en multas o clausuras de proyectos. Las empresas necesitan acompañamiento jurídico para revisar tanto sus actividades como las de sus cadenas de producción. Hay riesgos legales que no estamos viendo”, afirmó.
Esos riesgos son cuantificables. La Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026, crea el Distintivo Nacional de Economía Circular, cuya obtención exige acreditar criterios verificables de aprovechamiento sustentable de recursos. La misma ley prohíbe generar o utilizar información falsa sobre los atributos ambientales de productos. Quienes presenten datos engañosos —ya sea para obtener el Distintivo o para aparentar un desempeño ambiental que no tienen— enfrentan multas de entre $3,300 y $5,500,000 MXN, clausura temporal o definitiva, e incluso arresto administrativo. En caso de reincidencia, la multa puede triplicarse.
