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Los funcionarios de la Corte Suprema de Estados Unidos están intensificando su investigación y búsqueda de la fuente de la filtración del borrador de la opinión que anularía el fallo Roe vs. Wade sobre al aborto, tomando medidas para exigir a los funcionarios judiciales que proporcionen registros de teléfonos móviles y firmen declaraciones juradas, según han dicho tres fuentes con conocimiento de los esfuerzos.
Al parecer, algunos secretarios están tan alarmados por las medidas, en particular por las repentinas solicitudes de datos de teléfonos móviles privados, que han empezado a estudiar la posibilidad de contratar a un abogado externo.
Los movimientos del tribunal no tienen precedentes y son el acontecimiento más sorprendente hasta la fecha en la investigación sobre quién podría haber proporcionado al medio de comunicación Politico el borrador de opinión, que publicó el 2 de mayo. La investigación ha intensificado las ya elevadas tensiones en la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora está dispuesta a hacer retroceder medio siglo de derechos de aborto y protecciones de la privacidad.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se reunió en grupo con los secretarios judiciales tras la filtración, pero no se sabe si se han producido entrevistas individuales sistemáticas.
Los abogados ajenos al tribunal que han tenido conocimiento de las nuevas investigaciones relacionadas con los detalles de los teléfonos móviles advierten de una posible intromisión en las actividades personales de los secretarios, independientemente de cualquier revelación a los medios de comunicación, y dicen que pueden sentir la necesidad de obtener un abogado independiente.
«Es lo que harían personas en situación similar en prácticamente cualquier otra investigación gubernamental», dijo un abogado de apelaciones con experiencia en investigaciones y conocimiento de las nuevas exigencias a los secretarios judiciales. «Sería hipócrita que la Corte Suprema impidiera a sus propios empleados acogerse a esa protección legal fundamental».
Fuentes familiarizadas con los esfuerzos en curso dicen que el lenguaje exacto de las declaraciones juradas o el alcance previsto de esa búsqueda de teléfonos celulares –contenido o período cubierto– aún no está claro.
