Las restricciones de Rusia sobre contenidos LGBT, transición de género y adopción no surgieron de una sola decisión, sino de una serie de reformas aprobadas durante más de una década. El proceso comenzó en 2013, cuando el país estableció restricciones sobre la difusión entre menores de información considerada por las autoridades como promoción de relaciones sexuales no tradicionales. En 2022, esas restricciones se ampliaron para abarcar a personas de cualquier edad.

En 2023, el Parlamento ruso aprobó una legislación que prohibió las intervenciones médicas relacionadas con la transición de género y restringió el cambio de género en documentos oficiales. La reforma también modificó disposiciones familiares: las personas trans quedaron impedidas para adoptar o ejercer la tutela de menores, mientras que determinados matrimonios podían ser disueltos conforme a las nuevas disposiciones.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Rusia declaró extremista al denominado “movimiento LGBT internacional”, una decisión que amplió el riesgo legal para organizaciones, activistas y otras personas vinculadas con actividades que las autoridades pudieran interpretar como participación en ese movimiento. El Gobierno ruso ha presentado estas medidas dentro de su política de defensa de los llamados “valores tradicionales”.

En 2024, el Parlamento ruso avanzó con una iniciativa para impedir las adopciones internacionales de niños rusos por ciudadanos de países que permiten el cambio legal de género. Los promotores de la medida argumentaron que buscaba proteger a los menores y evitar que fueran trasladados a sistemas jurídicos con normas diferentes sobre género. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, han cuestionado el conjunto de restricciones por considerar que afectan de manera amplia los derechos de las personas LGBT y trans.

El resultado es un marco legal ruso cada vez más relacionado con la definición estatal de familia, sexo y valores tradicionales. El debate internacional enfrenta dos posiciones: las autoridades rusas sostienen que el Estado tiene facultades para establecer las condiciones de protección de los menores y de las adopciones, mientras que sus críticos cuestionan que categorías generales vinculadas con orientación sexual o identidad de género puedan utilizarse para excluir a determinadas personas. En el centro de la discusión permanece el criterio del interés superior del menor y cómo debe aplicarse en cada proceso de adopción.