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Por un lado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declara que en parte del territorio nacional se está progresando en materia de seguridad con todos los actores interesados. Por otro, las alertas emitidas por su país para no viajar a ciertos estados de la República incrementan la percepción de inseguridad y riesgo.
Desde el ángulo estadístico, como correctamente lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos y, por tanto, la forma más radical de violencia en México, van en descenso. Pero visto desde otra óptica, y considerando los actos violentos cometidos la semana pasada en varios estados del país, los grupos criminales son cada vez más radicales en sus métodos para intimidar a la población.
Para algunos, la Guardia Nacional no ha podido cumplir con su tarea de pacificación, pero las estimaciones señalan que es una de las corporaciones de seguridad pública que cuenta con los mayores niveles de confianza entre la sociedad mexicana.
El fortalecimiento de los programas sociales, especialmente los dirigidos a las y los jóvenes del país, ha sido criticado por su supuesta ineficiencia para robustecer las libertades de este sector poblacional y alejarlo de las conductas antisociales. Al mismo tiempo, la teoría y la realidad sugieren que atender las causas raíz de la delincuencia es la única solución a largo plazo.
Aunque en México y en el resto del mundo los temas de inseguridad pública y violencia son generalmente de extremos, lo cierto es, como lo demuestra lo que sucede en nuestro país, que se trata de una situación llena de matices y contrastes. Es un problema que requiere atención focalizada que atienda las particularidades de cada región y que considere la naturaleza de cada delito que se intenta combatir.
La seguridad pública y su estrategia no puede y no debe ser estática, sino al contrario, aprender de las experiencias exitosas, considerar lo que funciona y corregir lo que sea necesario.
Por eso, soy de quienes piensan que debemos apostar por reforzar la Guardia Nacional, y al mismo tiempo, seguir fortaleciendo la política social, sin dejar de tomar en cuenta que su efectividad como instrumento de prevención del delito dependerá en gran medida de la efectividad con que sean focalizados los programas sociales en las zonas más vulnerables a la violencia y a los lugares que presenten mayores rezagos educativos.
El proceso de pacificación es complejo. Las condiciones de descomposición en las que se inició la transición política de 2018 eran profundas, pero el objetivo es claro, que la población pueda recuperar la tranquilidad.
Sí, la estrategia de seguridad pública, como en cualquier país, se debe revisar, pero tampoco se puede negar que en estos cuatro años se ha avanzado con firmeza en dos de los pilares fundamentales de cualquier intento para combatir la violencia: el fortalecimiento institucional y la reconstrucción del tejido social.