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Una nueva iniciativa del partido gobernante desató un fuerte debate en el Congreso y en la sociedad mexicana. La propuesta busca reformar la Ley de Asociaciones Religiosas para adaptarla al mundo digital.

El cambio planteado busca que sacerdotes, pastores y ministros que transmitan misas o mensajes religiosos por internet estén sujetos a las mismas regulaciones que los medios de comunicación tradicionales.

Según sus impulsores, el objetivo es “modernizar” la ley y evitar abusos en redes sociales, pero críticos advierten que esto puede convertirse en una forma de censura y control ideológico.

La Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que la propuesta podría limitar la libertad de expresión y abrir la puerta a una vigilancia excesiva sobre el contenido religioso.

La reforma también prohíbe cualquier tipo de proselitismo político en transmisiones digitales y ordena la revisión de algoritmos para prevenir mensajes de odio o desinformación.

Defensores de la iniciativa aseguran que las reglas digitales deben aplicarse de manera equitativa y que las iglesias no deben ser excepción si usan plataformas públicas.

El tema ha dividido opiniones: mientras algunos ven una modernización necesaria, otros temen que el Estado intervenga en la vida espiritual de los ciudadanos.

Organizaciones civiles ya han comenzado campañas de firmas para frenar la ley, calificándola como un retroceso a las libertades religiosas y de expresión.

El Congreso discutirá el proyecto en las próximas semanas, en medio de protestas y pronunciamientos de distintos credos.

Este choque entre tecnología, fe y Estado pone a México frente a una discusión que marcará la relación entre religión y política en la era digital.