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Integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres (MEM) se reunieron esta mañana en la intersección de la calle Aldama y avenida Venustiano Carranza, frente al muro que desde el jueves rodea Palacio de Gobierno, para exhibir su rechazo a la extensión de las vallas metálicas previo a la manifestación del sábado 8 de marzo, cuando miles de mujeres y colectivas feministas marchan para exigir justicia por la violencia ejercida en su contra.
Situadas en el borde de las vallas metálicas, vestidas de negro y morado, las manifestantes criticaron a la administración estatal por blindar, junto a Palacio de Gobierno y el Museo Casa Chihuahua, la Plaza Hidalgo, en donde se encuentra el antimonumento de la Cruz de Clavos, símbolo de las víctimas de feminicidios, desapariciones e injusticias que, a lo largo de veinticuatro años, han marcado a la entidad federativa.
Ruth Fierro, directora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), lamentó que desde la creación de la Cruz de Clavos, en noviembre de 2001, ninguna autoridad la había cercado. Un hecho que ahora impide recordar, como cada año al final de la movilización del 8M, a las mujeres que han sido asesinadas y cuya justicia no ha llegado hasta la fecha, a quienes el MEM suele dejar una ofrenda floral.
El cerco también abarca, por segundo año consecutivo, la placa por el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz a manos de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, cometido durante la noche del 16 de diciembre de 2010 cuando ella exigía justicia frente a Palacio de Gobierno por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de sólo dieciséis años.
Frente a la imposibilidad de honrar la memoria de Marisela y la memoria de quienes se encuentran en la Cruz de Clavos, el Movimiento arrojó ramos hacia el otro lado de las vallas metálicas.
Al mismo tiempo, hicieron énfasis en que la justicia aparece como un ideal distante «para grandes sectores de mujeres, indígenas, migrantes, privadas de la libertad y víctimas de violencia y condiciones que vulneran el acceso a los derechos más elementales». Y aseveraron: «Continúa siendo inaplazable implementar acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en México».
