• La participación ciudadana, central para evitar conductas corruptas: diputado Romero Hicks
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) realizó el conversatorio “Transparencia y anticorrupción: análisis desde el enfoque del Estado abierto”.
Al inaugurar el conversatorio, el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dijo que la corrupción contamina a los sectores y afecta principalmente a la sociedad; por lo tanto, es necesario fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción y transitar a un Estado abierto.
Indicó que un elemento central es la participación ciudadana, que la población conozca paso a paso qué está ocurriendo en la vida pública del país, y ésta es una herramienta que va a permitir generar confianza en las instituciones.
Mencionó que el escenario ideal no tendría que mediar una solicitud entre la información pública y los ciudadanos porque debería bastar con que el ciudadano quiera la información y esté abierta en los medios accesibles, particularmente en los electrónicos; es decir, que todas las personas puedan acceder fácilmente sin excepción, y eso sería una transferencia significativa hacia un Estado abierto.
Agregó que la Comisión que preside tiene tres ejes fundamentales para estar trabajando: uno, donde viene el 80 por ciento de las tentaciones, obra pública y adquisiciones; dos, la consolidación de los sistemas institucionales, el de anticorrupción, fiscalización, archivos, entre otros y, tercero, avanzar en uno de los temas que hoy son de vanguardia, como es el caso de la protección de datos personales.
La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que en el parlamento abierto se ha hecho un esfuerzo muy grande de que sí estén las opiniones e ir corrigiendo algunas fallas. “Al final del día es una aportación valiosa que debería estar en un dictamen o la explicación del por qué no, no nada más sentarnos a la escucha sin tomarlo en cuenta”.
Comentó que la corrupción alimenta la impunidad y viceversa. “La corrupción se da en distinto grado, pero al final del día es corrupción y si no atendemos eso tan tremendo que está sucediendo no nos deja crecer y generar confianza en los ciudadanos”.
Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, dijo que la transparencia es un aliado fundamental para el combate a la corrupción y un mecanismo para que las y los ciudadanos puedan pedir a los servidores públicos una sana rendición de cuentas.
Asimismo, la transparencia y la lucha contra la corrupción son importantes para que todo Estado pueda reducir la pobreza y la desigualdad. “Este conversatorio tiene como objetivo generar reflexiones sobre cómo trabaja el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo se relacionan los ciudadanos con él y en qué los beneficia”.
Intervención de las y los ponentes
Marcial Manuel Cruz Vázquez, director de Proyecto de Estudios Jurídicos del CEDIP, manifestó que corrupción e impunidad es un flagelo que va de la mano y se tiene que atender. “En diversas líneas de investigación que hemos desarrollado encontramos que la corrupción no puede ser tratada como una cuestión cultural”.
Ricardo Alberto Luévano Barreto, director de Gobierno Abierto en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expuso que el congreso abierto se define como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos, a fin de garantizar la rendición de cuentas.
Vania Pérez Morales, integrante del Consejo de Participación Ciudadana, señaló que en 2015 el Congreso aprobó la reforma al artículo 113 constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, encabezado por ciudadanos y bajo la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir y sancionar la corrupción e impunidad.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, resaltó que pedir claridad en la conducta de funcionarios es un derecho constitucional. Es obligación del Estado entregar la información que no esté clasificada como reservada a petición de un ciudadano. Asimismo, dijo, es una necesidad construir un Sistema Nacional Anticorrupción.
Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre las instituciones de todos los órdenes de gobierno responsables de la prevención, detección, investigación, sanción y combate a las conductas corruptas.