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El diputado Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, propuso la modificación del Código Penal para tipificar el delito de ecocidio. Quien incurra en él —adelantó— recibirá una pena de entre cinco y doce años de cárcel y una multa de entre cinco mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, $103.74, con lo cual el monto a pagar oscilaría entre $518 mil 700 y $1 millón 37 mil 400.
De concretarse, la nueva legislación estipularía que «comete ecocidio quien dolosamente cause un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales», dijo el legislador.
Habrá repercusión legal para todo aquel que (i) provoque la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie de cuando menos diez hectáreas; (ii) dañe un ecosistema cuya afectación dure al menos cuatro meses; (iii) dañe un ecosistema donde habite o exista una especie endémica o en peligro de extinción; o (iv) contamine el agua y el suelo por vertidos químicos.
Las sanciones —mencionó— aumentarán en un tercio cuando el ecocidio sea cometido en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; así, la prisión podría llegar hasta treinta y seis años y la multa máxima alcanzaría un máximo de $3 millones 112 mil 200. Además, se obligará al responsable a que compense y repare el daño causado al entorno.
Bazán manifestó que la legislación debe incorporar, con urgencia, el término para, en primer lugar, reconocer mediante el derecho la existencia de la problemática en las tierras de Chihuahua, y también para encaminarse a la erradicación de la tala clandestina, para preservar la biodiversidad y, sobre todo, para castigar a quienes con dolo deterioran el ambiente natural.
«Actualmente nuestros bosques se ven amenazados por la tala, la sequía y el control del crimen organizado que ha convertido la explotación de grandes extensiones de bosques en un negocio sangriento y redituable para ellos. […] La inacción […], la violencia sistematizada contra los habitantes de los bosques, principalmente hacia los pueblos indígenas, y la falta de respuesta ante las denuncias son parte de la gran problemática que enfrentan los bosques de Chihuahua», expresó
