Muchas veces se tienen elementos para presumir que en esos
delitos participa la delincuencia organizada, advierte
La senadora Claudia Ruiz Massieu lamentó que haya decenas de miles de familias que no
pueden conocer la verdad sobre el paradero de un ser querido, de quien se tienen elementos
para presumir que fue víctima de desaparición forzada por parte de miembros de la
delincuencia organizada, como el reciente caso de los cinco jóvenes privados de la libertad en
Lagos de Moreno, Jalisco.
Esta situación, advirtió, se debe a la alta impunidad del delito y la falta de empatía del Estado
mexicano para resolver las denuncias, lo que ha provocado que se formen colectivos de
personas que buscan a sus seres queridos en fosas, terrenos y parajes donde
presumiblemente se depositan cadáveres de forma clandestina.
“Son familias que han tenido que reivindicar el derecho a buscar a sus seres queridos y a
recibir y difundir información sobre los hechos y su presunto paradero. Son familias que viven
el dolor, la injusticia y la ausencia de la reparación del daño y del compromiso de que cesen
conductas como las que les agravian”, subrayó la legisladora.
Ante tal situación, Ruiz Massieu promueve un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría
de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que rindan al
Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución y el cumplimiento de la Ley General en
materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La senadora calificó la desaparición de personas como una grave crisis en el país, pues datos
oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas apuntan a que
en lo que va del sexenio, se reportaron más de 110 mil casos, de los cuales aún se
desconoce el paradero de casi 44 mil de las personas en esa situación.
Por otra parte, estudios elaborados en 2021 subrayan que sólo a entre el dos y el seis por
ciento de las denuncias de desaparición se les abre una carpeta de investigación.
Además, en ese mismo año el gobierno reportó 52 mil personas fallecidas no identificadas o
reclamadas, de las cuales 71.73 por ciento se localizaron en fosas comunes y fosas
clandestinas de Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo
León y la Ciudad de México.
Ruiz Massieu enfatizó que la desaparición de personas se vincula específicamente con el
enfrentamiento violento entre grupos delincuenciales, por el control de rutas de trasiego y de
lugares de elaboración y almacenamiento de drogas.
Acusó que adicionalmente a ello, la menor presencia de las instituciones de seguridad
pública, para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, es otro de los factores
para el incremento de la comisión de ese delito.
“Es triste que el Estado mexicano no de muestras de empatía y cabal solidaridad con quienes,
en medio del dolor, han asumido las tareas de búsqueda, particularmente por el
incumplimiento de los deberes públicos de búsqueda y de investigación para la judicialización
de los hechos, a fin de que se sancione a las personas responsables, no impere la impunidad
y se repare el daño causado”, concluyó.
En el punto de acuerdo, la senadora también pide que la Segob y la FGR proporcionen
detalles sobre los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y periciales con los que
cuentan para cumplir adecuadamente sus funciones y cumplir con las disposiciones de la Ley
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.