Con el fin de ampliar los servicios de planificación familiar, la senadora Geovanna Bañuelos presentó iniciativa para modificar los artículos 67, 68 y adicionar el artículo 70 Bis, de la Ley General de Salud, para incorporar la atención integral de la infertilidad a la salud reproductiva.

“Es momento de saldar una deuda histórica con miles de mexicanas y mexicanos que han visto negado su derecho a la maternidad o paternidad por razones económicas o sociales”, aseveró.

A nombre propio y de las senadoras Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, y el senador Alberto Anaya Gutiérrez, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que su propuesta busca avanzar hacia un sistema de salud que no discrimine, que no excluya, que coloque en el centro a las personas y sus legítimos anhelos de vida familiar.

Para ello, detalló, se propone reconocer el derecho a la atención integral de la infertilidad garantizado el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento médico especializado, de manera que las parejas o personas que enfrenten esta condición puedan acceder a alternativas seguras y eficaces en instituciones del Sistema Nacional de Salud, en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Para garantizar que toda persona en edad reproductiva tenga acceso universal, equitativo y gratuito a estudios, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento especializado, incluyendo técnicas de reproducción asistida.

En tribuna, Geovanna Bañuelos aseguró que con esta reforma, México no sólo respondería a una deuda histórica con miles de familias, sino que también avanzaría en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública.

“El objetivo es asegurar que todas las personas, sin importar su condición económica o social, puedan ejercer de manera plena su derecho a formar una familia”, mencionó.

La líder parlamentaria señaló que durante mucho tiempo, la atención a la infertilidad ha permanecido invisibilizada dentro de las políticas públicas, limitándose la planificación familiar a la provisión de métodos anticonceptivos y a la prevención de embarazos considerados de riesgo.

Geovanna Bañuelos reconoció que actualmente, en México la falta de cobertura integral en materia de infertilidad ha creado una profunda desigualdad, ya que mientras las familias con recursos económicos pueden recurrir a clínicas privadas y acceder a técnicas de reproducción asistida como la inseminación artificial o la fertilización in vitro, la gran mayoría de la población se ve privada de estas posibilidades, quedando atrapada en una situación de frustración, estigmatización y carencia de alternativas.

Esta realidad perpetúa una brecha social inadmisible que convierte a los servicios “de reproducción asistida en un privilegio, en lugar de ser un derecho garantizado por el Estado”, apuntó.

La representante por Zacatecas enfatizó que la infertilidad está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad del sistema reproductivo, por lo que debe ser considerada un problema de salud pública.

En este sentido, dijo, su atención integral implica acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento especializado, lo cual requiere políticas públicas que eliminen las barreras económicas, geográficas y sociales que hoy limitan el acceso.

Y aseveró que reconocer y atender la infertilidad no sólo responde a un compromiso con la salud, sino también con la equidad y la justicia social, valores que deben guiar toda política del Estado mexicano”, destacó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud, para la Equidad de Género y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.