Mientras legisladores de oposición gritaban al unísono: «¡Es ilegal! ¡Es ilegal!», el grupo parlamentario de Morena, en voz de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, hizo suyas las iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral… pero con un error fatal: no era la misma que presentó el jefe del Ejecutivo.

Para el ministro Alberto Pérez Dayán esto implicó la principal violación al procedimiento legislativo que lo llevó a concluir que tienen que ser invalidadas este lunes, durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Mientras la diputada morenista Sánchez Ortiz destacó en aquella sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que estas iniciativas de ley «de nuestro Presidente de la República» eran de «vanguardia» y estaban «a la altura de las circunstancias con austeridad republicana, con asidero constitucional» y porque eran «viables y posibles para México», el ministro del máximo tribunal del país aseguró que fueron aprobadas «en transgresión al principio de deliberación democrática» y «sin observar las reglas del procedimiento legislativo»: la primera parte del Plan B electoral nació muerta.

Pero el agandalle legislativo empezó horas antes en el Palacio Legislativo de San Lázaro: pasada la una de la tarde, la mayoría de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista aprobó, con el rechazó de la oposición, el orden del día para una segunda sesión semipresencial de la Jucopo en la que, solamente se verían las iniciativas de reformas de ley conocidas como Plan B electoral.

La sesión inició a las 10 de la noche con cinco minutos, dos después se anunció que se recibieron del presidente López Obrador las iniciativas. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, las turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen y enseguida se decretó un receso.

Casi una hora después se reanudó la sesión con la participación de la diputada Sánchez Ortiz en la que también pidió que estas iniciativas presidenciales se trataran como de urgente y obvia resolución, a fin de que fueran votadas en el Pleno y no se tuviera que presentar un dictamen en la respectiva comisión.

Esto, para el ministro Pérez Dayán implicó una segunda violación al procedimiento legislativo, pues la diputada de Morena, «ni en el momento de su presentación ni de la lectura de la exposición de motivos», justificó las razones para que aplicara este mecanismo para agilizar el trámite de este asunto.

Para entonces eran las 11 de la noche con 11 minutos y en votación económica se aprobó, por la mayoría de la autodenominada Cuarta Transformación, el dispensar los trámites y someter a discusión y votación de inmediato las iniciativas presidenciales.

«Como ven ustedes, el INE sí se toca», concluyó así su participación la diputada morenista.

“No es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados (…) impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo», concluyó el ministro Pérez Dayán en su proyecto que requiere el aval de ocho de los 11 integrantes del Pleno de la SCJN para confirmar lo que los diputados de oposición gritaban esa noche del 6 de diciembre: la primera parte del Plan B electoral «¡es ilegal!».

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