El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en tres localidades afectadas por un aumento de la criminalidad en la capital y el norte del país, dijo el lunes la presidenta Dina Boluarte, una medida que permitirá a las fuerzas armadas participar en operativos contra la inseguridad ciudadana.
En declaraciones a la prensa oficial desde Nueva York, Boluarte dijo que el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porras, ambos en Lima; y en Talara, en el norte del país, fue aprobada en un consejo de ministros.
La mandataria, que viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que la decisión apunta a «enfrentar de manera firme y decidida esta lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada», según una entrevista con la televisión oficial.
El primer ministro Alberto Otárola dijo que la medida de emergencia, que suspende derechos civiles como la inviolabilidad del domicilio, comenzará a regir el martes en esos distritos.
Algunas autoridades habían reclamado en los últimos días la acción de las fuerzas armada para combatir el crimen junto a la policía; mientras que legisladores de derecha plantearon incluso que se tomen duras medidas como las que ha adaptado en El Salvador el presidente Nayib Bukele, algo que fue descartado por el Gobierno de Boluarte.
La decisión se produjo luego de que en los últimas tres días en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país con más de un millón de habitantes, desconocidos arrojaron dos granadas de guerra en dos negocios, una de ellas en una discoteca, dejando al menos 15 heridos, informó la policía.
«Parece que este Gobierno solo funciona con la presión social», dijo poco después el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, que convocó a una marcha el miércoles para pedir la intervención militar en la lucha contra el crimen.
El número de denuncias a la policía por hechos delictivos en Lima ascendió a casi 160.200 el año pasado, mayor a las 120.350 el año anterior, según un reporte de la Defensoría del Pueblo.
No es la primera vez que el Gobierno declara estado de emergencia en algunas zonas para combatir el crimen o resguardar el control interno frente a protestas sociales.
