PABLO HIRIART PAUSA.MX

Nos encontramos a un tris de perder la democracia e iniciar la era de una dictadura.

La elección de junio es un plebiscito entre dictadura y democracia.

Morena no necesita arrasar, le basta ganar.

La sombra de la dictadura ya está aquí, y no la ve quien no la quiere ver.

La semana pasada López Obrador distorsionó lo dicho por Brozo, a quien le atribuyó la afirmación de que vivimos en una dictadura, cosa que nunca dijo.

(Vaya nivel de Presidente que tenemos: su interlocutor es el payaso tenebroso –porque le contestó a él, no al ciudadano Víctor Trujillo–).

México no es una dictadura, pero López Obrador nos ha querido empujar hacia allá.

Si no hemos caído en ella ha sido por el valor de ministros y ministras de la Corte, de algunos jueces, de legisladores y de la movilización ciudadana.

La opción de la dictadura ha estado desde el primer año de gobierno del presidente López Obrador.

Para no ser reiterativos con todos los intentos, basta recordar cuando la secretaria de Gobernación y el titular de la Fiscalía General de la República llevaron al Senado un paquete de 14 reformas constitucionales para un Código Penal Federal que conculcaba los derechos individuales.

Ahora la embestida presidencial contra la democracia y en pro de la dictadura es con total descaro.

No lo dice un periodista, ni un opositor, sino que lo dicen las iniciativas de reformas constitucionales que anunció el Presidente para febrero.

Como difícilmente pasen a través de una mayoría calificada en el Congreso, le dejó el encargo a Claudia Sheinbaum: destruir la Suprema Corte, apropiarse del Poder Judicial y acabar con los organismos autónomos.

No lo pueden hacer ahora, pero sí a partir de diciembre.

Sí, el inicio de la dictadura en México está tan cerca como el próximo diciembre.

Ese mes se elegirá a quien sustituya al ministro Luis María Aguilar Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si gana Morena la Presidencia, Sheinbaum tendrá la última palabra en esa designación.

Con una incondicional suya en la Corte, se perderá la posibilidad de rechazar las acciones inconstitucionales del Ejecutivo y las leyes que violen la Carta Magna.

El obradorismo no necesitará tener mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución, como sucede ahora.

Basta con que aprueben por mayoría simple cualquier ley inconstitucional, pero que reciba la justificación de cuatro ministros de la Corte, para que sea válida.

Ahora tienen el voto de las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Con un ministro más, someterán al país a lo que ordene Sheinbaum, o el dueño de su poder: AMLO.

No necesitarán cambiar la Constitución. Les bastará con violarla con leyes ordinarias.

El Poder Judicial está a un voto de perderse.

Hemos recordado en este espacio lo que advirtió recientemente el constitucionalista Diego Valadés:

“Imaginemos, como ejemplo extremo, que la ley de instituciones electorales determinara que los presidentes de la República son reelegibles después de un periodo intermedio. Habría una inconstitucionalidad ostensible, pero si cuatro de los 11 ministros decidieran que esa disposición legal es acorde con los principios abstractos de la democracia, sería aplicable por encima de la Constitución”.

Con ese método podrán acabar con los organismos autónomos.

Tomarán el control de los procesos electorales, y se lo podrán encargar, por ejemplo, al Ejército.

El gobierno podrá decidir lo que corresponde al Banco de México.

O desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Encarcelar a quien publique una acusación, “cierta o falsa”, contra un funcionario del gobierno, como decía el Código Penal Federal que llevaron a la Junta de Coordinación Política del Senado en enero de 2020.

Si gana Sheinbaum y pone a un ministro incondicional en la Corte, los obradoristas podrán hacer todo lo que han dicho que harán. No es necesario inventar nada.

Los jueces que no se dobleguen a las directrices del gobierno serán objeto de cacería, y no sólo de presiones e infamias para manchar su nombre y someterlos.

Ya lo hace el general Luis Rodríguez Bucio, que enseña la lista negra de jueces en las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Está anunciado: adiós a la democracia. Viene la dictadura.

Los organismos autónomos, que los hay en todo el mundo democrático porque funcionan como contrapesos del poder, para el Presidente son “poderes fácticos” a los que hay que destruir.

En cambio, los auténticos poderes fácticos, grupos criminales y cárteles de las drogas, que tienen en jaque a la población pacífica, merecen consideración y respeto. Más que eso: abrazos.

Sí, democracia o dictadura es lo que elegiremos.

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