Ciudad de México, 18 de mayo de 2023.- Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le acaba el tiempo para consolidar su régimen. Enfrenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un obstáculo hasta ahora insalvable tras la anulación de modificaciones a leyes secundarias, pretendiendo eliminarlas con una reforma constitucional al Poder Judicial. Pero los números en el Congreso de la Unión no le alcanzan y necesita esperar los resultados de la elección federal del 2024, en donde pretende lograr la mayoría calificada en ambas cámaras para poder aprobar reformas constitucionales. Todo parece indicar no lo logrará, pero no frena su empeño de agredir a los ministros de la SCJN.
A López Obrador le urge una Constitución a modo para garantizar la permanencia de su “legado”, es decir, un reordenamiento legal con el cual sus ideas, conceptos y prácticas en el acceso y ejercicio del poder se conviertan en la ley fundamental del Estado mexicano. Quiere pasar a la historia como un presidente constitucionalista a la altura de Benito Juárez, quien promulgó las Leyes de Reforma en 1860 y separó a la Iglesia del Estado, nacionalizó los bienes del clero y extinguió las corporaciones eclesiásticas. Pero para ello se tendrían que alinear muchos factores: en primer lugar debe ganar no sólo la Presidencia de la República en 2024, sino también la mayoría absoluta y calificada en el Congreso de la Unión, lo cual se ve desde ahora muy difícil por el fracaso de su gestión en prácticamente todas las áreas de la administración pública. Pretende controlar el Congreso el próximo año para, sin moverle una sola coma, todas las iniciativas impuestas como obligación a sus “corcholatas” y futuros legisladores, sean aprobadas sin discusión.
De esa forma, con la aplanadora legislativa, reformaría el Poder Judicial para restarle facultades y elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía sufragio universal; quiere regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como controlar la elección del rector de la UNAM a través del voto de toda la comunidad universitaria. Y ya encarrerado, más adelante, Morena analiza la reelección presidencial, para abrir la puerta a que AMLO regrese a la silla presidencial en 2030 o antes si le aplican al titular del Ejecutivo la revocación de mandato si se manifiesta independiente al mandato del jefe máximo. Y la joya de la corona sería la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna, a la medida del caudillo tabasqueño.
Para empezar, pretende hacer una consulta ciudadana a modo para preguntar si los ministros deben ser electos por los ciudadanos, con un resultado conocido de antemano dados los trucos usados por la estructura de Morena en este tipo de ejercicios democráticos. Ahora, en opinión de juristas, esa consulta no puede llevarse a cabo, sus características violan artículos impresos en la Constitución, por lo tanto será éste otro fracaso otra intentona frenada la cual se une a la cancelación del Decreto en el cual nombraba como de seguridad nacional sus obras ícono para evitar, entre otros, entregar cuentas sobre los presupuestos asignados. La furia del primer mandatario por esta última cancelación, la cual tendrá su última discusión en el Pleno de la Corte el próximo lunes, aumentará las agresiones hacia los ministros. De nueva cuenta y por lo que hace a los números, se recibieron 8 de los 11 votos, en el texto principal. Los tres cuyo sufragio fue en contra son los conocidos: Arturo, Yazmín y Loretta.
La estrategia con fines políticos de AMLO es conformar una Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo, sumisa, a sus órdenes, para nulificar todos los contrapesos al poder presidencial. Sigue la ruta implementada en Venezuela por Hugo Chávez, con los resultados por todos conocidos: el caos y la pobreza de la población. El inquilino de Palacio Nacional promueve, respalda, patrocina, como mencionamos antes, una consulta popular ilegal, anticonstitucional para darle a los ciudadanos directamente la elección de los ministros de la Corte. Pero se lo impide el artículo 11 de la Ley de Consulta Popular en donde se señala: no podrá ser objeto de la misma la materias electoral, de derechos humanos, la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular, presupuesto, obras de infraestructura, seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.
El tabasqueño está enojado por las resoluciones de la Corte y no lo puede ocultar. Despotrica contra ellos y los llena de todo tipo de calificativos, impropios en un jefe de Estado y más adecuados a un líder opositor en plena campaña. Lleva su coraje hasta el punto de renunciar a abandonar la prerrogativa de nombrar a los ministros de la SCJN. Legisladores de Morena secundan la idea, sin embargo, las “corcholatas” presidenciales, eluden el tema. Hay muchas desventajas en este procedimiento: para empezar, serían los partidos políticos quienes definieran las candidaturas de personajes comprometidos con su proyecto político. Las elecciones serían muy costas y sujetas a imponderables como cualquier proceso electoral. Los ministros electos estarían comprometidos con sus partidos políticos, no con la Constitución. A final de cuentas, se proponen cambios costosos y se tendrían ministros con menores capacidades y con compromisos políticos.
De acuerdo con el maestro Julio Jiménez Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, son cargos ejercidos en función de capacidad, experiencia, trayectoria de juristas, juzgadores, de verdaderos profesionales del Derecho y, sobre todo, con buena reputación y congruencia institucional. “Sin embargo –subrayó-, el ejercicio de la democracia participativa, el sacar encuestas o someter a votación popular las decisiones, ocurrencias o imposiciones del Ejecutivo, son eso, ocurrencias. No le veo el objeto de gastar recursos públicos en una encuesta innecesaria. No veo las circunstancias y las condiciones para realizar una consulta nacional a ese nivel, esto más bien obedece a una reforma constitucional, algo que no se va a consumar, insistió, esto es una ocurrencia, un distractor, una cortina de humo frente a los verdaderos problemas que debe resolver el Presidente”.
El constitucionalista Luis Miguel Rodríguez Alemán, destacó lo siguiente: “Una consulta popular que pretende consultar al pueblo de México acerca de la forma como se eligen los miembros de uno de los poderes de la Unión debe considerarse como materia electoral y, por tanto, estaría incluida dentro del catálogo de prohibición que prevé la Constitución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 114/2006, señaló que por materia electoral directa debe entenderse como “(…) la asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado”.
DE LOS PASILLOS
Tan imparables como los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son la representaciones de cinismo de los funcionarios de la 4T. El General Luis Cresencio Sandoval, sobre quien se mantienen interrogantes sobre su llegada a la titularidad de Sedena al encontrarse en el último lugar de una relación de doce prospectos, aceptó uno a uno los señalamientos hechos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Sí compró el departamento en Huixquilucan, pero estaba en obra gris, por eso solamente le costó 9 millones de pesos. Sí está en la relación de empresas proveedoras del Ejército la del dueño del inmueble, pero se le dio contrato dos años después de la adquisición y, el avaluó lo hizo el Banco del Ejército, de donde salió el préstamo para la operación. Lo dicho abre más interrogantes: ¿Su salario, según el Banjército, le permite una deuda millonaria, la cual no se salda ni con la aplicación completa de su salario durante una década?…
Pero eso es tan sólo el principio; siguió el enfrentamiento abierto y grosero del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Permanente, además de estar al frente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta quien, en su afán de quedar bien con el presidente y lograr su nominación a la candidatura del gobierno poblano, no duda en hacerse eco de las groserías, descalificaciones, ofensas lanzadas a la ministra presidente de la Corte Norma Lucía Piña. Pretende un pleito de “comadres”, pero con la misiva enviada por la seleccionada entre 173 juristas de todo el mundo para recibir el galardón de Derechos Humanos, todo indica va a quedarse con las ganas…
Finalmente apareció Ana Gabriela Guevara quien, tratando de explicar la negativa a respaldar a los deportistas creó un escenario mucho más radical en su contra al pretender hacer valer la ley, la clara rendición de cuentas, exigiendo la comprobación de gastos del dinero entregado a los deportistas, dejándolos bajo la consideración de “deudores”. Se olvidó de las tranzas de su secretaria exigiendo diezmos a cambio de contratos y, si se analiza a fondo, a los deportistas mexicanos no se les tienen nutriólogos pagados por el gobierno, y las asignaciones para gastos a comprobar las usaron para comprar tortas y hamburguesas de las más baratas, de las callejeras en donde no les dan ningún comprobante. En fin, hizo Guevara un escándalo mayúsculo señalando la libertad del titular de Sedena de contratar o darle dinero a quien quiera, como también reafirmar su dicho: “que venden calzones, Avon o Tupperware, es su gusto y decisión… Hay o no hay… cinismo, obviamente.