Un fallo judicial obligó al Gobierno del Estado de Chihuahua a garantizar una pensión por discapacidad permanente a personas menores de 65 años, al reconocer este derecho como universal y respaldado constitucionalmente.
La resolución se derivó de un juicio promovido por la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua A.C. (APDCH).
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De acuerdo con la organización, el fallo representa un precedente legal significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, al establecer que no puede limitarse el acceso a la pensión únicamente por criterios de edad.
El pronunciamiento judicial reafirmó que el Estado debe garantizar condiciones de vida dignas a este sector de la población, sin restricciones discriminatorias.
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