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A pesar de las reiteradas exigencias al Gobierno Federal para que atienda el fenómeno en Chihuahua mediante políticas certeras, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en voz del gabinete de Maru Campos, indicó que no pretende criminalizar a los migrantes que ingresan al territorio con destino a Estados Unidos.
El titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, mencionó que elementos de las fuerzas de seguridad arrestaron durante 2024 a 311 personas de procedencia extranjera y las remitieron a Migración debido a su falta de documentos.
Con esa intervención —en sus palabras— se pretende regularizar la crisis, pero, al mismo tiempo, salvaguardar sus derechos, y así lo pone de manifiesto los hechos ocurridos ayer domingo 5 de enero, cuando agentes de la Policía Estatal rescataron a 26 migrantes que se encontraban hacinados en una vivienda de la frontera, a la espera de que los cruzaran hacia el país norteamericano.
«Nosotros en ningún momento queremos criminalizar la migración. Lo hemos dicho siempre: la migración es un derecho humano. Nosotros hemos estado muy atentos en proteger esos derechos humanos. Sin embargo, también debo de dejar en claro la expectativa que hay a nivel mundial […] por la llegada de presidente [Donald Trump]. […] Esa expectativa ha generado una serie de reacciones en lo local», dijo.
Por repercusiones el funcionario alude a las múltiples caravanas migrantes que han tenido lugar en los últimos días, en donde las personas en situación de movilidad, desesperadas, intentan ingresar a tierras estadounidenses antes del 20 de enero, cuando Trump entre en funciones y tenga la facultad de imponer una deportación masiva de mexicanos, centro y sudamericanos.
Aquel escenario de incertidumbre —reconoció— ha generado situaciones adversas en el norte de México, situaciones que responden a un conjunto de factores no atendido en el pasado.
En el caso general de Chihuahua observa una gran desesperación en el actuar de los migrantes, la cual ha provocado no sólo olas y olas de migrantes, sino también conductas delictivas como la del lunes 30 de diciembre de 2024, cuando, se presume, dos venezolanos y un colombiano asesinaron a Luis Alberto Olivas, agente federal del Instituto Nacional de Migración (INM) con tres décadas de trayectoria.
Con relación a dicho acontecimiento hizo énfasis en que la SSPE no tolerará ninguna clase de agresión en contra de algún integrante de la función pública o de la ciudadanía en general. «Creen que pueden venir a atentar contra las autoridades sin que haya ninguna consecuencia», advirtió.
