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Isela Martínez, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) utilizaron la campaña de liberación de la jirafa Benito para «golpear la imagen» de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. A su juicio, en lugar de contribuir a la denuncia social, la retorcieron con motivos políticos.

Según su línea de pensamiento, Andrea Chávez y varios funcionarios públicos fingían impulsar la reubicación de Benito, cuando, en realidad, guardaron silencio y no presentaron solicitud alguna ante la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Quien, en sus palabras, mostró una genuina preocupación por el reclamo de la ciudadanía y la integridad de la jirafa fue Campos Galván, quien «tomó cartas en el asunto y gestionó el traslado […]» a la reserva natural Africam Safari, ubicada en el Estado de Puebla. Y atribuyó la lentitud de los trámites a la inacción de la administración federal, quienes no habían terminado el proceso.

En tal sentido, concibe que la Federación, a pesar del supuesto apoyo que manifestaban en las redes sociales y medios de comunicación, «brilló por su ausencia», evadió sus responsabilidades y nada más se decantó por «palabrerías con el objetivo de sacar raja política».