El ministro de la Suprema Corte de Justicia del Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, dio entrada a cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas por integrantes del Poder Judicial de la Federación y partidos políticos de oposición en contra de la reforma judicial, pero se negó a otorgar suspensiones en contra de esta.

En el acuerdo, publicado en estrados, el ministro ponente ordenó dar vista de su decisión a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, a así como a los congresos de las 32 entidades del país, para que rindan los informes correspondientes.

El ministro González Alcántara Carrancá se encargará de elaborar un proyecto para determinar la constitucionalidad o no de la Reforma Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre y que entró en vigor al día siguiente.

No hay un plazo para la elaboración del proyecto, y su presentación ante el Pleno de la SCJN, para su discusión y resolución, pero la aplicación de reforma continuará debido a que el ministro ponente rechazó otorgar las suspensiones solicitadas.

“No ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que de dicha disposición se advierte, claramente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general, a diferencia de lo que sucede en la controversia constitucional”, explicó el ministro Alcántara Carrancá en su acuerdo de entrada.

El Poder Ejecutivo deberá presentar una copia certificada del DOF, en la que conste la publicación de dicho decreto; lo mismo que los congresos locales, para que remitan los antecedentes que les correspondan relacionados con el decreto.

En relación con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Unidad Democrática de Coahuila; además diputados de oposición del Congreso del Estado de Zacatecas, se dio un plazo de diez días para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exprese su opinión.

A la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddeí, se le ordenó que, en un plazo de tres días naturales, entregue una copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos nacionales promoventes.

También deberá entregar una copia de la certificación de los registros vigentes de esos partidos y, precisar quiénes son los actuales representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Coahuila cuenta con tres días para entregar copias certificadas de los estatutos vigentes del partido Unidad Democrática de Coahuila.