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Trece personas, entre ellas menores de edad, se vieron en la urgencia de abandonar sus hogares, en el municipio de Guadalupe y Calvo, debido a la violencia que han generado desde los últimos meses bandas rivales del crimen organizado. Y se refugiaron a finales de 2024 en un albergue de Chihuahua capital.
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El secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña, informó el 31 de diciembre que un grupo de víctimas de desplazamiento forzado habían llegado a la ciudad de Chihuahua. Doce días después, este viernes 10 de enero, mencionó que entre los afectados se encuentran un aproximado de cuatro o cinco niñas, niños y adolescentes.
Ayer por la tarde —mencionó— se reunió la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Chihuahua, cuyos miembros analizaron a profundidad el fenómeno y sus repercusiones. Aunque no tiene conocimiento de lo ahí abordado, indicó que el último reporte revelaba un grupo considerable de desplazados que llevó a Parral.
En contraparte, Eduardo González, activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas, reveló el pasado viernes 20 de diciembre que alrededor de 300 familias, desde Guadalupe y Calvo hasta Bocoyna, huyeron de su casa luego ser objeto de amenazas por miembros del crimen organizado que se dedican, impunes, a la tala clandestina de la Sierra Tarahumara.
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