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Trece personas, entre ellas menores de edad, se vieron en la urgencia de abandonar sus hogares, en el municipio de Guadalupe y Calvo, debido a la violencia que han generado desde los últimos meses bandas rivales del crimen organizado. Y se refugiaron a finales de 2024 en un albergue de Chihuahua capital.
El secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña, informó el 31 de diciembre que un grupo de víctimas de desplazamiento forzado habían llegado a la ciudad de Chihuahua. Doce días después, este viernes 10 de enero, mencionó que entre los afectados se encuentran un aproximado de cuatro o cinco niñas, niños y adolescentes.
Ayer por la tarde —mencionó— se reunió la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Chihuahua, cuyos miembros analizaron a profundidad el fenómeno y sus repercusiones. Aunque no tiene conocimiento de lo ahí abordado, indicó que el último reporte revelaba un grupo considerable de desplazados que llevó a Parral.
En contraparte, Eduardo González, activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas, reveló el pasado viernes 20 de diciembre que alrededor de 300 familias, desde Guadalupe y Calvo hasta Bocoyna, huyeron de su casa luego ser objeto de amenazas por miembros del crimen organizado que se dedican, impunes, a la tala clandestina de la Sierra Tarahumara.
