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Alrededor de 300 familias, desde Guadalupe y Calvo hasta Bocoyna, huyeron de sus hogares luego de ser objeto de amenazas por miembros del crimen organizado que se dedican, impunes, a la tala clandestina de madera en la Sierra Tarahumara. Las autoridades municipales, sin embargo, aseguran que «todo está bien».
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Así lo exhibió, en voz de los afectos, Eduardo González, activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y la problemática —dijo— no se limita al delito de desplazamiento forzado, pues los sicarios también han violado a las hijas e hijos de los pobladores y han asesinado a incontables personas.
González ha alertado del fenómeno a las autoridades locales de turno desde los últimos cinco años. Sin embargo, le han dado una sola respuesta: «Que todo está bien. Para ellos todo está bien». Por consiguiente, se reunirá en próximos días con funcionarios de la zona serrana para elaborar una estrategia de contención y prevención de los índices delictivos.
La declaración de González forma parte de las constantes denuncias de habitantes y organizaciones de los derechos humanos, quienes advierten altos niveles de inseguridad, una crisis de desplazamiento forzado, sobre todo en Guadalupe y Calvo y alrededores, y critican a la Fiscalía General por no reconocer la existencia de dichos casos debido a la falta de denuncias.
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