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Un rugido unánime retumbó en el Congreso de la Unión este martes 25 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados selló con 450 votos a favor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un arsenal legislativo que eleva las penas por este flagelo urbano a un máximo de 42 años de prisión, transformando lo que era un delito de seis a 15 años en una sentencia que podría devorar vidas enteras de criminales, en un México donde el 96.7% de las víctimas guarda silencio por desconfianza en un sistema que ahora promete perseguir estas coacciones de oficio, sin necesidad de denuncias formales que a menudo terminan en el olvido.
La normativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 20 de octubre y avalada previamente por el Senado el 20 de noviembre, homologa el tipo penal en las 32 entidades para erradicar vacíos que alimentaban la impunidad, con un piso mínimo de 15 a 25 años que se dispara por agravantes como el cobro de piso a negocios, los infames montachoques en avenidas o las llamadas siniestras desde centros penitenciarios, donde reos usan celulares para extorsionar a distancia. Funcionarios que omitan denunciar —policías, fiscales o directores de prisiones— enfrentarán de 10 a 20 años, mientras que quienes faciliten el delito desde adentro de las rejas podrían purgar hasta 25 años, un escarmiento que busca cortar de tajo la complicidad que ha permitido que la extorsión crezca un 7% interanual en el primer semestre de 2025, alcanzando 5,887 víctimas registradas, la cifra más alta en la historia del país.
Este endurecimiento no es un capricho legislativo, sino una respuesta visceral a un cáncer que asfixia desde vendedores ambulantes hasta megaproyectos industriales, pasando por camioneros que bloquean carreteras en protestas como la del lunes 24, clamando por rutas libres de balas y cuotas ilegales. Senadores y diputados de todos los colores —de Morena a PAN, PRI y MC— cerraron filas en un consenso raro como un oasis en el desierto político, recuperando redacciones iniciales que los diputados habían suavizado, para garantizar que no haya libertad condicional ni conmutaciones que diluyan el castigo, especialmente cuando el blanco son migrantes, menores, embarazadas o comunidades enteras, elevando las penas a 37 años por vulnerabilidad o uso de datos privados robados.
La ley también castiga con 5 a 12 años el uso de apps y dispositivos para transmitir amenazas, un guiño a las extorsiones digitales que multiplican el terror en un país hiperconectado, y obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar sin excusas, integrando el delito a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para desmantelar redes que operan como empresas del mal. Mientras Sheinbaum, en su mañanera, admitió que la extorsión es el único rubro que no ha bajado pese a su ofensiva contra la inseguridad —con 10,804 casos solo en 2024—, esta reforma llega como un bálsamo tardío, pero cargado de promesas que podrían cambiar el juego si los congresos locales la ratifican en mayoría.
Para entrar en vigor, la ley necesita el visto bueno de al menos 17 legislaturas estatales, un trámite que podría tropezar en regiones donde el narco dicta leyes paralelas, pero en un México donde el derecho de piso devora economías locales y el miedo paraliza barrios enteros, esta escalada punitiva se erige como un faro de esperanza feroz, recordándonos que contra el extorsionador, el Estado ya no susurra: grita con cadenas perpetuas disfrazadas de décadas en las sombras de una celda.
