La polémica en torno a la militarización de la seguridad pública no logró contener la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador -contra viento y marea- de poner los más de 115 mil elementos que integran la Guardia Nacional (GN) en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Si nada más se interpone, es un hecho consumado. Así que hasta el año 2028, los militares enfrentarán el gigantesco reto de pacificar al país.
Los uniformados tienen frente a ellos la tarea urgente de reducir los altos índices de criminalidad. Hasta mediados de septiembre en la parte de las ejecuciones la cifra roja, “histórica”, rondaba los 135 mil homicidios dolosos contabilizados en esta administración.
Conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo, los militares tendrán la administración y operación de esa división castrense; la responsabilidad de elaborar la estrategia de seguridad pública nacional -junto con la Secretaria del ramo- y coordinar al gabinete involucrado, así como a las instancias estatales y municipales.
No sobra mencionar que, si bien, los más de 115 mil elementos integran un frente respetable, debe subrayarse que los malos son mucho más.
Los temores de violaciones a los derechos humanos siempre estuvieron entre los argumentos de los opositores a dejar en manos de Sedena la seguridad pública. Graves antecedentes al respecto venían arrastrándose desde la segunda mitad del siglo pasado.
El presidente -inicialmente opuesto a la participación de los militares en la tarea que acabó delegándoles- justificó su cambio de opinión con el argumento de prevenir que la GN se corrompiera, como lo había hecho la desaparecida Policía Federal.
Con tres años en operación, no está claro que la GN -en manos de militares- pueda resolver la gran tarea que le ha sido encomendada. Se desconoce si fue por sus limitaciones estructurales o por la estrategia de “abrazos, no balazos” que le impuso el gobierno federal y que de alguna forma los mantuvo atados de manos.
Tampoco está blindada contra la corrupción, porque el ejército mexicano ha padecido la existencia de malos elementos en sus filas.
La apuesta, por ahora, está hecha y es muy elevada. México lo vale. Algo cierto es que los resultados de tal cambio, buenos o malos marcarán la calificación final de este gobierno.
Como sociedad, deberíamos asumir la responsabilidad de apoyar a la GN y la de supervisarla en su desempeño, en atención a la conocida sentencia de que “en arcas abiertas, el santo peca”.