Chihuahua, Chih.- El senador Rafael Espino de la Peña pidió a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Gobierno de Chihuahua, así como a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, que investiguen de manera exhaustiva los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar.
Además, solicitó que se atienda a los afectados y castigue a los culpables, a fin de que se brinde una justicia pronta y expedita por estos homicidios, perpetrados el pasado 20 de junio, en la comunidad de Cerocahui, ubicada en la sierra Tarahumara de Chihuahua.
Espino de la Peña impulsa un punto de acuerdo, en el que también llama a dichas instituciones de seguridad a redoblar esfuerzos para salvaguardar a los habitantes de la entidad y, de manera especial, a las comunidades rurales marginadas.
Se necesitan, enfatizó, medidas y estrategias para proteger esas zonas distantes de las urbes, las cuales no cuentan con protección pública y que, además, el crimen organizado las usa de guarida.
Destacó que, de enero a mayo de 2022, se registraron 728 homicidios en Chihuahua, mientras que, en abril, se cuantificaron 542.
Con esos datos, enfatizó, la entidad se ubica en el lugar siete de los estados con mayor cifra de homicidios dolosos, según un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Por ello, el presidente de la Comisión de Justicia hizo un llamado para que las instituciones estatales replanteen las acciones encaminadas a lograr lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027, en materia de seguridad para las comunidades más rezagadas.
“Es posible imaginar el abandono que existe en las zonas más alejadas, ya que, si la capital y las principales ciudades del estado se encuentran inmersas en inseguridad y violencia, no podemos esperar que las zonas más marginadas y/o rurales tengan una situación más favorable”, asentó.
Agregó que esas poblaciones comúnmente experimentan problemas de inseguridad, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia, protección, discriminación, entre otros obstáculos que impiden su adecuado desarrollo.