Blanca Yassahara Cruz García rindió protesta como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) el 27 de octubre, luego de que las diez consejerías la eligieran por unanimidad para ocupar el cargo tras la renuncia de Guadalupe Taddei. La nueva titular asumió el puesto en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos y nombramientos de la administración anterior, asuntos que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La imagen de la silla presidencial vacía al inicio de la sesión se convirtió en símbolo de la transición dentro del organismo electoral. Tras asumir el cargo, Cruz García afirmó que la autonomía del INE no significa opacidad ni estar por encima de la ley, y se comprometió a facilitar la información requerida por las autoridades investigadoras. También sostuvo que las decisiones del Instituto deben recuperar su carácter colegiado y no depender de la voluntad de una sola persona.

Durante la sesión, consejeros y representantes de partidos exigieron que la salida de Taddei no signifique el cierre de las investigaciones. Entre los temas señalados estuvieron los contratos con proveedores, posibles conflictos de interés y nombramientos realizados durante su gestión. Las acusaciones continúan sujetas a revisión y no deben considerarse responsabilidades acreditadas mientras no existan conclusiones oficiales.

Cruz García también deberá atender los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027, cuya organización continuará conforme al calendario establecido. La presidenta provisional aseguró que el cambio en la conducción del organismo no interrumpirá las tareas de las juntas locales y distritales, ni las actividades necesarias para garantizar la realización de los próximos comicios.

La nueva presidenta permanecerá en el cargo hasta que la Cámara de Diputados designe a quien ocupará la titularidad por el periodo restante. Su llegada abre una etapa de transición marcada por dos retos centrales: mantener la operación electoral y garantizar que las revisiones sobre la administración anterior se desarrollen con transparencia, documentación y respeto al debido proceso.