Una posición maximalista puede ayudar a resolver la disputa sobre los “lineamientos para la defensa de las audiencias”: que se queden tal cual están, menos en la parte de quien decidirá si fue correcta la actuación de cada defensor de audiencias.

El gobierno presenta los lineamientos como la panacea que al fin dará a la ciudadanía el control de una radio y una televisión voraz, soberbia, clasista, procapital, antigrupos vulnerables y, por supuesto, antiMorena. En cambio, no pocos detractores de esas reglas ven un andamiaje que alentará y justificará la censura. Hay una salida intermedia: que el árbitro sea aceptable para todos.

No digo que los lineamientos estén perfectos (la experta Irene Levy ha argumentado, en redes e intervenciones en medios, discrepancias entre la ley de la que surgen y las facultades que dotarían a la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones). Digo que, si de verdad hay voluntad política del régimen, si sí desean “escuchar” propuestas, bien valdría jugarse el resto en “solo” cambiar el “quién”.

Que los lineamientos prevalezcan; que los medios electrónicos adopten un código de ética, nombren defensores, establezcan y asuman el proceso de atender quejas de la audiencia, y, en caso de diferendo, se sometan a la autoridad de un órgano al que un quejoso elevará su eventual inconformidad. El quid es qué órgano es ése.

Se requiere un cuerpo colegiado que dé confianza a todos. Bueno, imposible eso de “a todos”, pero al menos a actores que hoy están enfrentados con respecto a estos lineamientos. Las cuatro comisionadas y el comisionado de la CRT no son y no pueden encarnar ese árbitro porque no tienen autonomía ni cuentan con experiencia, dos criterios que los invalidan.

La negociación debe empezar entonces así: adelante, Pepe Merino y Luisa María Alcalde; vamos con los lineamientos: Coincidimos en que cada televisora y radiodifusora establezca un código de ética y asuma las responsabilidades de los lineamientos, con los cuales el respectivo defensor de la audiencia sabrá procesar las quejas. Y, si hay diferendo, un aparato no gubernamental lo dirime.

Antes de que Azcárraga Milmo dijera que Televisa era soldado del PRI, la oposición cardenista y la de derecha protestaban por la obscena parcialidad de las coberturas de ese conglomerado, que era apenas uno de los medios, digamos, abiertamente priistas o pro-régimen. De hecho, es aún más viejo el “prensa vendida” en contra de abusos de ciertos medios, y los estudios académicos al respecto, lo mismo.

Igualmente, México ha acumulado expertise en defensoría de audiencias. Hay estudiosos y exdefensores que podrían ser, o bien los encargados de seleccionar a estas y estos árbitros, o ellos mismos candidatearse. Con una interpretación juiciosa, un buen órgano puede incluso subsanar deficiencias de los lineamientos.

La actual propuesta del gobierno es regresiva porque da la espalda a lo andado. En vez de aislar las eventuales disputas, las encarga a una dependencia oficial integrada por funcionarios inexpertos en el campo (salvo una, que, encima, carga una denuncia de censora).

Morena tiene las mayorías para cambiar en tres patadas la ley y hacer un cuerpo colegiado que revise las controversias que puedan surgir. Eso desalentaría uno de los riesgos de estos lineamientos: quejas en pandilla para acosar a un medio o a un periodista… de parte de morenistas o de antimorenistas, y rebajaría una de las resistencias: con un órgano autónomo, las quejas sobre medios públicos también serían evaluadas.

¿Juega la propuesta? ¿Los lineamientos así, pero con un árbitro autónomo? ¿O Morena no cree que las audiencias bien valen la misa de que haya algo que no controle?