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Los poderes fácticos, como lo son partidos políticos y miembros de la delincuencia organizada, podrían intentar influir en la elección de jueces y magistrados a nivel nacional, fechada para 2025.
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Por consiguiente, Ernesto Avilés, vocero de la Federación de Colegio de Abogados, mencionó que, aunque las leyes secundarias incluyen medidas para prevenir injerencias, persiste la duda razonable sobre quiénes respaldan a los candidatos. Y enfatizó la necesidad de que colegios y sociedad civil mantengan vigilancia para impedir que actores políticos, económicos o del narcotráfico intervengan en el proceso, clave para garantizar justicia imparcial en la entidad.
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