El medio Latinus difundió grabaciones telefónicas en las que el empresario Amílcar Olán Aparicio, cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presume haber vendido 22 mil millones de pesos a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Los audios, publicados el 12 de octubre, también exponen conversaciones sobre reuniones con Leonardo Cornejo Serrano, quien estuvo a cargo de la construcción del complejo petrolero y actualmente forma parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle.
En una de las grabaciones, Olán se refiere a Cornejo como el responsable principal de la refinería y señala que tenía una reunión con él que consideraba prioritaria. El empresario afirma en la conversación que había vendido esa cantidad millonaria al proyecto, aunque el contenido de los audios, por sí solo, no acredita el monto de los contratos ni demuestra que se hayan cometido irregularidades en su asignación.
Las conversaciones también incluyen referencias a negociaciones para rentar un buque con capacidad de almacenamiento de 750 mil barriles de petróleo, así como a operaciones relacionadas con el sector energético. La investigación periodística vuelve a colocar bajo escrutinio los negocios de Olán y sus presuntos vínculos con proyectos estratégicos impulsados durante el gobierno anterior, entre ellos la refinería Olmeca y el Tren Maya.
Otro fragmento de los audios aborda la compra de diésel para maquinaria y camiones utilizados en obras del Tren Maya. En la conversación se menciona la adquisición de combustible presuntamente ilegal, conocido como huachicol, a un precio inferior al de las estaciones de servicio. El señalamiento se suma a otras investigaciones periodísticas que han cuestionado las relaciones comerciales del empresario y su cercanía con personas vinculadas al poder político.
La difusión de las grabaciones también vuelve a poner atención sobre Leonardo Cornejo, quien encabezó trabajos de Dos Bocas cuando Nahle estaba al frente de la Secretaría de Energía y posteriormente se incorporó a la administración estatal de Veracruz. Hasta la información publicada por los medios consultados, los audios no prueban por sí mismos que la gobernadora haya intervenido en la asignación de contratos ni establecen responsabilidades legales. La documentación contractual y las investigaciones de las autoridades serían necesarias para determinar si existieron irregularidades.
