Noticias Chihuahua:
Un escalofriante velo de ternura materna se entreteje con la frialdad del crimen en las últimas horas de Josué «N», el joven de 17 años que se convirtió en el brazo ejecutor del brutal homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante el vibrante Festival de Las Velas el 1 de noviembre, cuando un mensaje desgarrador a su madre —»Mami, te amo«— se filtró como un susurro de inocencia perdida en el torbellino de la investigación que lo ha marcado como el menor que apretó el gatillo por orden del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un acto que truncó no solo la vida del funcionario, sino el futuro de un adolescente atrapado en las redes del narco que devora juventudes enteras en Michoacán.
La confesión de Josué, entregado voluntariamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el 25 de noviembre tras días de intensas negociaciones con su familia y autoridades, reveló un plan macabro orquestado por «El Licenciado» y «El R1», donde el menor, reclutado por promesas de dinero fácil y protección, falló dos intentos previos —uno en una gasolinera— antes de consumar el atentado con un disparo letal en el pecho de Manzo, un político que había desafiado abiertamente al crimen organizado con denuncias públicas que lo convirtieron en blanco prioritario. En su declaración, el joven, visiblemente arrepentido y custodiado en un Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores (CIAI) en Morelia, describió cómo las deudas de su familia lo empujaron al abismo, pero fue el hilo de mensajes a su madre, capturados en el celular intervenido, lo que humanizó al verdugo: «Mami, te amo más que a nada, perdóname por lo que tengo que hacer», escribió horas antes del festival, un lamento que contrasta con la saña del crimen y que ha conmovido a investigadores, recordando cómo el narco usa la vulnerabilidad familiar como anzuelo para reclutar a menores que ven en el plomo una salida a la pobreza asfixiante.
Estos mensajes no son un mero detalle sentimental, sino una ventana al infierno psicológico que envuelve a los sicarios juveniles en un estado donde el CJNG controla plazas como Uruapan con un terror que ha cobrado más de 200 homicidios políticos desde 2018, según reportes de la FGE. Josué, originario de un barrio marginal en las afueras de la ciudad, había sido contactado por «El R1» —presunto líder regional— a través de redes sociales, recibiendo 50 mil pesos por el «trabajo», una suma que prometía saldar deudas médicas de su madre pero que ahora se evapora en el limbo judicial. La fiscal Adriana Magaña confirmó que el menor enfrentará cargos por homicidio calificado en pandilla adaptado a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con posibles penas de hasta 10 años en reclusión, un proceso que incluye evaluaciones psicológicas para desentrañar si actuó bajo coacción o por adoctrinamiento narco, mientras su madre, devastada, clama por rehabilitación en lugar de venganza.
El caso de Josué irrumpe como un eco trágico en la guerra por Michoacán, donde alcaldes como Manzo pagan con su vida el desafío al cártel que extorsiona desde aguacates hasta elecciones, y donde menores como él —más de 1,500 reclutados en 2025— son el combustible humano de una maquinaria que los usa y desecha. Estos «te amo» finales no solo rompen el corazón de una familia, sino que cuestionan el fracaso colectivo: ¿hasta cuándo el Estado permitirá que el narco robe infancias para sembrar balas, dejando a madres con mensajes eternos en pantallas frías mientras el plomo silencia promesas de amor?
