El exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, encendió la polémica nacional al proponer que el gobierno mexicano entregue a Rubén Rocha Moya a las autoridades de Estados Unidos “lo más rápidamente posible”, en medio de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. La declaración surge en un contexto de alta tensión política y diplomática entre ambos países.

Labastida consideró que permitir que el caso avance en territorio estadounidense sería lo más conveniente tanto para México como para la administración federal, al señalar que las investigaciones podrían resolverse con mayor eficacia fuera del país. Incluso cuestionó la solidez de los procesos judiciales en México, sugiriendo dudas sobre la manera en que se integran este tipo de expedientes.

El posicionamiento ocurre luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de presunta colaboración con el crimen organizado, lo que derivó en solicitudes de investigación y posibles procesos de extradición. En respuesta, la Fiscalía General de la República ha señalado que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para proceder con una detención inmediata o entrega a otro país.

Además, el exmandatario sinaloense advirtió que el caso no se limitaría al actual gobernador con licencia, sino que podría escalar y alcanzar a más actores políticos. Según sus declaraciones, las acusaciones podrían revelar una red más amplia de presuntos vínculos, lo que incrementaría la presión tanto interna como internacional sobre el gobierno mexicano.

Mientras tanto, el caso de Rocha Moya continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas, con posturas encontradas entre quienes exigen cooperación con Estados Unidos y quienes insisten en respetar el debido proceso en México. La propuesta de Labastida añade un nuevo elemento de controversia a uno de los escándalos más delicados del escenario político actual.