La CIDH, dijo, tiene preocupación porque se trata de un cambio estructural. Al respecto, explica que la reforma judicial que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va más allá de un cambio legal, pues en los hechos corresponde a lo que haría un Constituyente, como el que a principios del siglo pasado definió la forma actual de gobierno.

El proceso de nombramiento de jueces, magistrados y ministros que ya está encaminado “tiene que ver con la destrucción de la división de poderes y con modificar los pilares fundamentales de la Constitución”.

Para la jueza Victoria, todas las reformas que impulsa el Congreso son parte de un “combo”. La intención de eliminar del artículo 1 de la Constitución el tema de los derechos humanos, explica, tenía el propósito de desconocer a la CIDH de cara a la consulta.

También el hecho de que la reforma en materia de justicia no incluya a las fiscalías ni al fuero común refuerza la idea de que se busca cambiar la estructura del Estado mexicano.

“Reforman al Poder Judicial de la Federación porque es uno de los Poderes de la Unión, porque les estorba”, dijo.